David Ernesto Pérez
Redacción Diario Co Latino

La primera fecha era para el 24 de enero; sin embargo, se prevé que el proceso penal en contra de Baterías de El Salvador (BAES) termine hasta el 24 de mayo.

El retraso de casi cuatro meses se debe a problemas logísticos, desfile pericial y la complejidad del caso que requiere de profundidad técnica, explicó Bruno Urbina, Jefe de la Unidad Ambiental de la Fiscalía General de la República (FGR).

“La prueba (científica) es extensa y la comprensión se vuelve difícil, no se puede ir precipitadamente porque pueden quedar cosas que no fueron comprendidas y estamos procurando que los jueces tengan pleno conocimiento”, excusó el Jefe de la Unidad Ambiental.

La vista pública inició en mayo del año recién pasado, proceso que fue suspendido por el Tribunal de Sentencia de Santa Tecla, causando el descontento de la Fiscalía y los querellantes.

Posteriormente, la Cámara de la misma localidad revocó la decisión del Tribunal, integrando a su vez a un tribunal especial que conoce del caso desde noviembre pasado.
Desde esa fecha han desfilado más de diez peritos del laboratorio estadounidense Ana Lab; además de expertos del Ministerio de Salud (MINSAL), que explicaron los daños físicos a la población ocasionados por los altos niveles de plomo en tierra, aire, entre otros.

Los técnicos del MINSAL presentaron cinco estudios al tribunal demostrando las concentraciones de plomo en los habitantes de la zona y sus consecuencias.
Entre estos, destacó el Jefe Fiscal, existen más de 28 niños con concentraciones de plomo arriba de 10 microgramos por decilitro de sangre, sustancia que en lugar de evacuarse del organismo se infiltró a los huesos, agravando la salud de los afectados.

“Para que salga (el plomo) de los huesos de los niños tienen que pasar entre 20 a 30 años con medicamentos y en algunos casos extremos es necesaria la quelación para ir paulatinamente quitándoles el plomo”, dijo Urbina.

La cartera de salud ha gastado aproximadamente 2 millones de dólares en el tratamiento médico para pacientes de las zonas afectadas por BAES.
Antes de ser clausurada, BAES recibió una serie de recomendaciones para proteger a los trabajadores y a los lugareños; sin embargo, las habría desatendido.
El proceso por contaminación por plomo en Sitio del Niño fue denunciando hace más de cinco años por las comunidades, posteriormente las instituciones de salud y medio ambiente hicieron lo respectivo para salvaguardar a los habitantes. Incluso, el caso fue presentando ante las Naciones Unidas.

Los daños provocados en la zona son calculados en más de $ 4 mil millones, lo que incluiría las afectaciones a los recursos naturales y el tratamiento a las cenizas y escorias abandonados en la antigua fábrica.

En el proceso en curso se espera la participación de más de 700 testigos, quienes a su vez son las víctimas de la contaminación ambiental.