Ramón Villalta, director Ejecutivo de la Iniciativa Social para La democracia (ISD) y René Landaverde, Coordinador de Reforma Política Electoral.
Alma Vilches
Redacción Diario Co Latino
Según los representantes de la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), el proceso de adjudicación de la campaña de orientación e información ciudadana, impulsada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ha obedecido a intereses particulares, por parte de los magistrados de derecha en el ente colegiado.
Para Ramón Villalta, Director Ejecutivo de ISD, el hecho de que los recursos de la campaña del ente colegiado fueran distribuidos entre tres agencias de publicidad, responde a intereses con el fin de favorecer a las otras empresas que ofertaron campaña y obtuvieron bajos puntajes.
“Lo que hubo fue un reparto de los recursos de la campaña; aquellos magistrados que argumentaron que el impasse era por la falta de requisitos de la LACAP se caen cuando se otorga el mayor porcentaje a Máxima Publicidad, parece que el argumento queda sin validez y fortalece nuestra posición, que de fondo prevalecieron intereses particulares”, afirmó Villalta.
El director de ISD señaló que el magistrado Téllez bloqueaba la adjudicación de la campaña, con el fin de que se incluyera a otras empresas, pero al distribuir los recursos entre Máxima Publicidad, América Publicidad y ANLE Publicidad aprobó, junto al magistrado Douglas Alas, el reparto del proyecto.
“Resulta llamativo que luego de meses de análisis de las propuestas técnicas de las distintas agencias, y de los resultados brindados por la comisión institucional nombrada por el TSE, el magistrado Téllez no hubiera votado por la adjudicación de la campaña a la empresa que obtuvo el mayor puntaje y que ahora, con el reparto de la campaña a otras agencias, sí haya dado su voto para resolver el impasse”, sostuvo René Landaverde, coordinador de reformas políticas y electorales de ISD.
Landaverde agregó que ambos magistrados de derecha, con su actitud, han retardado ilegalmente un acto propio de sus funciones, al impedir que se divulguen los fines, procedimientos y formas del proceso electoral, en específico las formas de ejercer el sufragio.
A la vez, los representantes de ISD pidieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar las razones que llevaron al magistrado Téllez a aprobar la campaña de divulgación del ente colegiado; lo que implica indagar los motivos por los que el funcionario insistiera en denegar su voto, como medida de presión, para incluir a las empresas América Publicidad y ANLE Publicidad y se les asignaran fondos.



