José M. Tojeira

El Ministro de Trabajo ha dado los últimos datos de desempleo en El Salvador. Sólo el 7.1 por ciento de la población se considera desempleado. Un  dato que en Europa, no digamos en España, hubiera sido recibido con una explosión de alegría. Incluso Estados Unidos, a donde van los salvadoreños en busca de trabajo, tiene unos índices de empleo inferiores a la cifra dada por el Ministerio de Trabajo. Sin embargo, lo que podría parecer una buena noticia, pasa entre nosotros sin que se le brinde mayor atención. Reflexionar sobre el porqué de la indiferencia y, sobre todo, sobre la situación del trabajo en El Salvador tiene una gran importancia en estos tiempos electorales y en estas fechas en que la empresa privada (ANEP-ENADE) va a presentar también sus propuestas de desarrollo al país.

La noticia del desempleo en El salvador carece de impacto mediático porque lo que más golpea al trabajador salvadoreño es el subempleo y no el desempleo. Dadas las características del empleo y el trabajo en El Salvador, el desempleo tiene relativamente poca importancia. Casi la mitad de la población está subempleada, es decir, o podría trabajar en trabajos mejores dada su preparación, o trabaja menos horas de las consideradas normales en la jornada laboral, o tiene trabajos que no están cubiertos por las redes de protección social normativas para el trabajo decente. Este es el punto que hay que tocar tanto desde las políticas del Estado como desde la responsabilidad social que tienen, o deberían tener, los empresarios.

En efecto, el subempleo tiene dos facetas profundamente amargas. No potencia a la persona y la mantiene en la pobreza o en límites cercanos a la misma. Si el trabajo es una de las fuentes básicas de humanización, como lo es la familia, la escuela, etc., la responsabilidad ante el mismo debería cuestionarnos cada día. Una realidad humana y humanizante, como es el trabajo, no está al alcance de la mitad de la población salvadoreña, en su dimensión plenamente humanizadora. Si a esta proporción le sumamos el número de personas que no tiene en el empleo pleno un salario decente, nos encontramos con que una de las dimensiones más importantes de la autorrealización de la persona está seriamente dañada en El Salvador. Establecer responsabilidades y exigir transformaciones es un deber ético de la ciudadanía.

Una primera línea de responsabilidad la encontramos en el sector de la política partidaria. En los años sesenta hubo un inicio de política pública laboral que cubrió especialmente a las clases medias urbanas y a los trabajadores gubernamentales. Aproximadamente un 20 por ciento de la población trabajadora. Dese entonces no ha habido novedad en las políticas públicas. Incluso, podríamos decirlo, ha habido retrocesos, como lo ha sido de hecho la privatización de las pensiones y la incapacidad de abrir nuevas líneas de política laboral en el país. El actual gobierno, aunque tímidamente, ha abierto algunas líneas interesantes, como la posibilidad de incorporar al Seguro Social de las empleadas domésticas, o los inicios de una pensión compensatoria a los mayores de 70 años en los municipios más pobres. Pero exceptuando las medidas pequeñas del actual Gobierno, que marcan rumbos interesantes, pero que no inciden todavía en el marco estructural del trabajo, los partidos políticos no han actualizado políticas públicas serias con respecto al empleo.

El sector patronal empresarial tampoco ha cumplido con su responsabilidad. La frecuente resistencia a las reivindicaciones sociales, la oposición a medidas gubernamentales que tiendan a garantizar mejoras en las condiciones laborales, la tendencia a considerar retribuciones mensuales miserables como si fueran salario digno, son algunos de los rasgos que han caracterizado al liderazgo empresarial en el país. Es cierto que hay excepciones, pero son demasiado pocas y tampoco inciden en la transformación del marco estructural. Los criterios externados por algunos representantes patronales están con frecuencia reñidos con los derechos laborales más elementales. Las concepciones neoliberales de muchos de ellos rayan en el más absoluto desprecio de la valoración humana del trabajo. La insistencia en políticas de “flexibilización laboral” o el aplauso inmoderado a privatizaciones de servicios públicos nos muestran a una empresa privada más interesada en el lucro privado que en el bien común del país.

Los sindicatos han tenido con frecuencia una estrategia más centrada en la defensa de los derechos del trabajador formal y no han sido capaces de ofrecer alternativas, y mucho menos exigirlas, de políticas sociales que beneficien el trabajo. Las críticas a las duras situaciones laborales del salvadoreño y salvadoreña han sido con frecuencia demasiado ideológicas y poco propositivas. En la misma Iglesia Católica, y hablo de todos y todas los que la componemos, teniendo un rico acervo de Doctrina Social, y aunque no han faltado esfuerzos, hemos sido timoratos y lentos a la hora de crear una conciencia social sobre el valor del trabajo y la necesidad de un empleo pleno con salario digno. Una mayor presencia en el ámbito público y en el terreno de la propuesta concreta de todos los que creemos que el trabajo debe tener prioridad sobre el capital, es cada día más indispensable si queremos enfrentar el futuro con dignidad.