Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

David Cabeza, director de la Unidad Técnica Ejecutiva del Sector Justicia, explicó que la iniciativa de decretar estado de excepción en zonas de alto riesgo y que prohibe la circulación de jóvenes de 18 años desde las 8 de la noche aún esta en discusión y un grupo de expertos juristas la evalúa.

“Lo que realmente estamos haciendo es corriendo con esto, porque entendemos que la sociedad necesita una respuesta pronta. Estamos haciendo el estudio de muchos parámetros que el Ministro de Justicia y Seguridad y sobre esa base estamos haciendo los estudios respectivos”, explicó.

Depende de la evaluación saldrá los pro y los contras de las iniciativas. Según detalló Cabezas, no se tiene tiempo para ofrecer la evaluación.
El funcionario se limitó a emitir un juicio de valor sobre esta medida que ha generado polémica en algunos sectores.

Simplemente se limitó a decir que están en la disposición de trabajar. Mientras que el fiscal general de la república Romeo Barahona, dijo que la propuesta se debe de avaluar porque existen derechos y garantías que “se pueden vulnerar”.

“Lo que se debe de hacer es analizarla, lo que tengo entendido es que sólo es una idea que se tiene, no es una propuesta formalizada”, enfatizó.
El fiscal general agregó que si la iniciativa no procede constitucionalmente no se va avalar. Asimismo, recalcó que existen otro tipo de medidas que se deben de analizar como la prevención y la regulación de armas de fuego.

Mientras que el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) Oscar Luna, afirmó que ésta no será la mejor medida que se podría aplicar en el país, ya que no dará resultados esperados porque no es la disposición más acertada que debería implementarse en estos momentos.

“Al aplicarla estamos demostrando que no tenemos capacidad de hacer efectivo otro mecanismo, parece que  hemos fallado y ahora nos corresponde hacer eso”, afirmó Luna.
La medida es considerada una violación a los derechos humanos y constitucionales de los jóvenes. Incluso el país puede tener “repercusiones a escala internacional”.
A criterio del Procurador, la iniciativa tiene que ser analizada por el Concejo de Ministros y éste mandarla a la Asamblea Legislativa para que pueda ser aplicada como ley de la Nación.

“Sería importante conocer si la Asamblea tiene la capacidad de aprobar una medida de este tipo, que tendría repercusiones a escala nacional, porque no es la medida más adecuada”, dijo Luna.

Ante las reacciones negativas el Ministro de Justicia y Seguridad el general David Munguía Payés, salió al paso y defendió la iniciativa, argumentando que nada más es una de muchas que están en estudio.

Aseguró que la propuesta está en estudio y será un grupo de expertos los que deliberen.

“En la carta Magna existen los estados de excepción, aunque yo no me he comprometido en un estado de excepción, yo he dicho que estamos analizando en la Unidad Técnica Ejecutiva la posibilidad de implementar algunas medidas de excepción de forma focalizada, pero ni siquiera tenemos el proyecto”, recalcó el funcionario.

El Presidente de la República, Mauricio Funes, incluso dijo ayer que existió una mal interpretación de “esta iniciativa” que las palabras de Munguía Payés.
Ante eso, el ministro reconoció que antes de echar andar una medida tan excepcional como ésta, tendría que pasar primero por el aval del Presidente y la misma Asamblea Legislativa.

El titular también habló de otras iniciativas que se promueven para lograr su meta de bajar en un 30% los delitos como es la creación de un subsistema integrado con fiscales y jueces; así como la iniciativa de echar andar la unidad policial antipandillas.