Zoraya Urbina
Carlos Chita
Redacción Diario Co Latino

Habitantes de Santa Marta, municipio de Victoria, Cabañas, denunciaron la participación del coronel retirado, Sigifredo Ochoa Pérez, en masacres que costaron la vida a casi 900 personas y exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) que actúe de oficio.

“Entre la madrugada del 15, hasta el 20 de marzo de 1981, la población de Santa Marta, y sus caseríos aledaños, fue obligada al exilio en Honduras, tras el operativo “Tierra Arrasada”, que dirigió el coronel Sigifredo Ochoa Pérez, al frente del Destacamento Militar número dos, de Sensuntepeque”, dijo Leonel Rivas, cuyos padres sobrevivieron a la matanza.

En el tránsito hacia el país vecino, los habitantes cruzaron el río Lempa, donde fueron asesinados. A quienes regresaron, días después de la matanza, se les reprimió nuevamente el 11 de noviembre de ese mismo año. “Mujeres embarazadas fueron decapitadas, extraídos sus bebés del vientre y lanzados hacia arriba, hasta quedar como trofeos en sus bayonetas”, denunció.

El abogado José Mario Ramírez, defensor del pueblo, dijo que la ley de amnistía no ampara a Ochoa Pérez, pues las siete matanzas y otros crímenes que se le atribuyen son crímenes de lesa humanidad, por tanto, no prescriben.

Aseguró que el Presidente Mauricio Funes ya dio la pauta para se investiguen este tipo de hechos, por lo que exigieron una respuesta expedita de la FGR
Sobrevivientes piden justicia

Don Carlos Bonilla, presidente de la Junta Directiva de la Cooperativa Nueva del Rey, de la comunidad, explicó que es un “sobreviviente de aquellos tiempos de la guerra”, afirmó que, en compañía de otros sobrevivientes, vinieron a San Salvador a denunciar públicamente y a responsabilizar a Ochoa Pérez por ser el causante de su obligada salida, no sólo de su pueblo, sino también del país, ante la sistemática y continuada ola de asesinatos de que fueran víctimas por parte de elementos de la Fuerza Armada y Defensas Civiles. Exigió que se termine con la impunidad que rodea este caso y se haga justicia en el espíritu de Los Acuerdos de Paz.

Por su parte, María Rosa de Hernández, igualmente originaria de la comunidad Santa Marta, y también sobreviviente de los operativos comandados por el coronel Ochoa Pérez, demandó  que el Estado abra un juicio contra el citado coronel por los crímenes que dirigió cuando comenzaba el conflicto armado. Los habitantes de la comunidad dijeron que esperan justicia en sus casos y que la Fiscalía actúe con celeridad en estos.