David Ernesto Pérez
Redacción Diario Co Latino

“¿Cómo es posible que la Corte Suprema de Justicia le de prioridad a un criminal de lesa humanidad?”. Esta es la pregunta que Graciela Colunga, sobreviviente de la masacre de Hualcinga, en Chalatenango se hace. Este operativo contra civiles habría sido ordenado por el militar en retiro Sigifredo Ochoa Pérez.

El descontento de Colunga estriba en la celeridad con que la Sala de lo Constitucional de la CSJ amparó a Ochoa Pérez, por la demanda que presentó por supuestas violaciones a sus derechos fundamentales.

En menos de diez días, la instancia de justicia amparó al miembro de la institución castrense, habilitándolo para ser candidato a diputado por la derechista Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), mientras que una gran cantidad de recursos interpuestos por crímenes ocurridos durante la Guerra Civil todavía no son resueltos.
“Cómo le abre el camino a una persona criminal que no ha pedido perdón por las masacres que lideró”, se preguntó la sobreviviente.

La masacre de Hualcinga se registró el 28 de agosto de 1984, cuando efectivos del ejército invadieron las comunidades asesinando a más de 64 personas entre estos infantes, mujeres y adultos, además de haber desaparecido forzadamente a 11 niños, de los cuales sólo uno ha sido ubicado y reencontrado con su familia. La matanza fue denunciada ante la Comisión de la Verdad, pero no fue tomada en cuenta en la publicación.

Próximamente será presentada ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

De estos asesinatos y otros ocurridos en Chalatenango, San Vicente y Cabañas, en los que operó el Batallón Atlacatl, también es señalado el coronel Ochoa Pérez, hechos en que fueron asesinadas más de un millar de personas en total.

“Es una falta de respeto para los sobrevivientes que quiera ser diputado (Ochoa Pérez), no se puede vivir con tanta impunidad”, criticó Colunga.
La sobreviviente de la masacre de Hualcinga nació en México y vivía en dicha comunidad como educadora, durante su año sabático.

Sufrió torturas y maltratos de parte de José Armando Azmitia Melara, personaje a quien la Fuerza Armada le ha dedicado una sala del Museo Militar. “Después que estaba tirada en el suelo le dije a un soldado que me entregara a un niño herido que tenía, pero él lo agarró del pie y le reventó la cabeza en un árbol”, recordó Colunga, entre lágrimas.
En diversos medios de comunicación el militar en retiro se ha excusado alegando que los operativos eran contra insurgentes; además exalta la figura de otras personas acusadas de crímenes de lesa humanidad como Domingo Monterrosa, a quien lo tilda de “héroe”.

“La sociedad pretende ocultar este tipo de hechos, las masacres ocurrieron y no pueden ocultarlo, no se puede negar, no puede ser que la CSJ le de prevalencia a un asesino”, criticó Colunga.

El recurso de Ochoa Pérez ante la Sala de lo Constitucional responde a una decisión del Presidente de la República, Mauricio Funes de nombrarlo en la Comisión Limítrofe con Honduras, como representante de la Fuerza Armada.

Para esto, el militar fue dado de alta en el Ejército, lo que invalidó su candidatura.

Asimismo, el acusado de crímenes de lesa humanidad acudió a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y a la CSJ, denunciando al Presidente Funes y al Ministro de la Defensa, Atilio Benítez Parada.

La Sala de lo Constitucional, con tres de cinco votos, el restableció sus derechos y ordenó al TSE que lo incluyera entre la nómina de candidatos del partido derechista ARENA.