Nada parece contradecir la generalizada percepción de que el área de seguridad y la PNC están siendo desmontadas de su carácter civil. Mandos superiores y medios – que en seguimiento a los Acuerdos, recibieron preparación de expertos extranjeros en la materia —  están siendo reemplazados por jefes militares en retiro. Ha dicho un analista, Roberto Cañas, en “El Faro”: “Funes ha hecho en meses, lo que en veinte años no se atrevieron a hacer los gobiernos de Arena”; y aparte esa inferencia, todo apunta a la inconstitucionalidad y a un rompimiento con el espíritu y la letra de los Acuerdos de Paz. Esa substitución de mandos entrenados, por elementos de la Fuerza Armada, ya había sido prevista por el Diputado Roberto Lorenzana quien desde el mes de octubre adelantó que “Melgar, Ascencio y Linares serían removidos”; Funes lo negó.
    Dos o tres cosas explican lo actuado. Primero; la petición de cualquier cambio  por mayoritarios sectores poblacionales que viven bajo la amenaza de delincuentes, a la que se suma la angustia por los bárbaros cateos policiales que, con la prepotencia que caracteriza a los que se da algún mando, botan puertas, invaden y apalean en los hogares – niños y mujeres quedarán traumados de por vida —  en que presuntamente se esconden los sospechosos. En consecuencia, esas mayorías se esperanzan con que un cambio les dé tranquilidad y aprueba que es mejor “vivir en seguridad que en democracia”; es la intención de las clases pudientes, que manipulando la inseguridad siembran temores, creándose un mercado para la venta de armas y agencias de vigilancia privada, amén de un mercado político que les da el voto para mantener su fuerte presencia en las agencias gubernamentales. Ya en Guatemala esa percepción le ha dado la Presidencia a un militar involucrado en crímenes de lesa humanidad.
    Hay un segundo resorte, no importa que la inconstitucionalidad y el incumplimiento de los Acuerdos veden la militarización. Es la política de permanente ingerencia del Pentágono y la CIA que usando a Obahma o a Bush (dos nombres y una misma persona), busca debilitar los apoyos regionales que pueda tener el fuerte movimiento independentista que se está dando en Sudamérica. Y ya vemos que USA no sólo usa a sus Agencias, sino ha logrado desvirtuar el papel de la ONU y de la OTAN.
    El tercer factor, es el claudicante acomodamiento cada vez más expreso, a los intereses del poder fáctico en El Salvador. Ya es evidente, Centroamérica está siendo empujada a la militarización: Honduras con su golpe influido (¿y pagado?) por la derecha salvadoreña; Guatemala prefiriendo electoralmente “la seguridad” a la democracia y ahora El Salvador, frente a la alternativa de seguir ese suicidio o la solución golpista hondureña. Es que aún con las claudicaciones que se viven, el votante podría volver a elegir un gobierno que ofrezca un modelo social y no la rapiña derechista; y ante la posibilidad  que un futuro gobierno pretenda profundizar las ya iniciadas medidas sociales en salud, educación y vivienda, el egoísmo de los intereses de una minoría del 0.03 %, las 2,000 ó 3,000 personas que deben componer los 23 grupos familiares poseedores de todo en este país, se siente amenazado. Y la solución probada para imponer el egoísmo es el autoritarismo militar, fértil campo donde se compran sin tropiezos los “gobernantes” que han plagado América, Africa y Asia.
    Repitamos: el verdadero problema de la violencia común es la existencia de una estrategia construida para salvaguardar los privilegios de pocos y su propiedad “mal habida”: pobreza, desigualdad, exclusión. La salida sostenible es la prevención: trabajo para todos, salud para todos, educación y ocios para todos.

Lo que se vivió
    La angustia que viven los sectores más vulnerables, con mucha gente joven ignorante de nuestra historia, les hace creer que la mano militar es la respuesta a la criminalidad que se padece. Para ellos, vaya una información de lo que se vivía antes de la Proclama que USA le autorizó a la Fuerza Armada, en un intento de evitar la nicaragüización por el repudio general al PCN y al autoritarismo militar.
    En lo político, el fraude electoral era permanente; los opositores peligrosos eran apaleados, encarcelados, torturados, exilados o muertos: el Dr. Fabio Castillo Figueroa tras su primera Rectoría, y tras la toma de la Universidad por el Ejército, fue mantenido en una celda, semidesnudo, esposado a un catre y en una madrugada, atados de dos en dos, exilados a Nicaragua. La libertad que hoy vivimos por los Acuerdos de Paz, aceptados por la imposibilidad de vencer a la guerrilla, no la pueden apreciar quienes no vivieron aquellos días.
    Y a lo que vamos: el combate a la criminalidad en manos de la Policía Nacional, la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda y eventualmente con mano directa del Ejército (La Cayetana, Las Hojas) pero que prefería delegar en esos cuerpos o en grupos de exterminio como “Orden”. Ese combate, no tenía nada de profesional y sí mucho de canallezco; la “investigación” se reducía a torturar y hacer confesar sospechosos. Relatemos un caso que se repetía a diario con sus variantes. A las ocho de la mañana, en una panadería equis se presentaron unos agentes de la Policía preguntando por fulano; el patrón llamó a la persona y en cuanto salió los policías se le echaron encima lo golpearon, lo esposaron y se lo llevaron; ¡ay del patrón si se hubiera atrevido a preguntar de qué se trataba!. Pero recurrió a un litigante y se fueron a ver donde estaba el detenido; y sucedió lo que era sabido de todos los que hemos vivido aquellos años: en ninguna cárcel sabían del preso; pero ya se sabía que su mujer había amanecido asesinada. Dos o tres días después capturaron al asesino y entonces se supo del preso; y su patrón y el litigante lo fueron a liberar: estaba amoratado, atrozmente hinchado, con grandes dolores en el vientre por las palizas y ya había “confesado” su delito. Esas son las investigaciones que seguía el sistema: no había crimen de gente pobre sin resolver: siempre sobraban culpables.
    Con la militarización para allá regresamos. Es la razón de que los Acuerdos extinguieran esos “cuerpos de seguridad”, pero ellos sólo eran parte de la madeja; al que patrocinaba esa barbaries se le acuarteló y a sus jefes se les pagó su aceptación con jugosas pensiones que algunos se gastan en Miami. Estamos retrocediendo,   si no se obliga a cumplir los Acuerdos de Paz, pronto veremos resolver cualquier violencia y crimen entre gente pobre, porque a culatazos los confesos no faltarán. Ya al parecer lo dijo un alto mando: no esperaremos órdenes judiciales para romper puertas.
    Y de la represión al crimen común, saltaremos a la represión del que disienta políticamente. Ya no habrá comunistas sino terroristas. Y las palizas matarán igual.