René Martínez Pineda*

Hace unos días (justo después de nombrar a un militar como Ministro de Justicia y Seguridad Pública) el presidente de la república designó como Director de la Policía Nacional Civil a un General del Ejército, con la justificación de que “con ello se logrará frenar la delincuencia”. En los meses previos –pero sin que fuese una novedad del todo- el país se vio convulsionado a diario por crímenes y delitos que rayaron en la atrocidad, siendo esa situación la que trajo aparejado un supuesto “llamado de la gente para que los militares –otrora responsables de las masacres en las calles y los cerros- se involucren de forma directa en el combate al crimen organizado”. Llaman la atención, sin embargo, dos hechos al respecto: a) la delincuencia es un fenómeno crónico (el 1 de Julio de 1968, el jefe de la Sección de Detectives de la Policía Nacional –Óscar Orellana- declaró que se reiniciará el desarme general de la población. El funcionario dijo que “es espantoso el número de asaltos, homicidios y lesionados en las últimas semanas”); y b) que los países del “patio trasero” de los norteamericanos –más allá de las tendencias políticas formales de sus gobiernos- respondan a la delincuencia con una estrategia similar vinculada con la participación de los militares.

Esa estrategia militarista (con la bulla de la “acción cívico-militar como propaganda; y la agonía de la gente, como coartada) no es –desde principios de los años 60s cuando surge la alianza para el progreso- una novedad en América Latina, lo único que ha cambiado es su destinatario. Ya sea en las cruentas dictaduras militares en el Sur que hicieron famoso al Chile de Pinochet, como en las guerras civiles en América Central contra dictaduras similares o, incluso, en los procesos de crisis institucionales (como en Ecuador, recientemente) nadie niega que los militares tienen un largo y negro historial de intervencionismo en temas de seguridad pública que, abiertamente, los ha señalado como violadores reiterados de los derechos humanos y como autores intelectuales y materiales de crímenes de lesa humanidad. Ciertamente, durante casi un siglo las entidades policiales se convirtieron en subordinadas reales de las fuerzas armadas, en muchos casos encargadas de las tareas más duras y sucias de la represión masiva contra los movimientos de liberación nacional de muchos países de la región continental.

Hoy, la seguridad pública está en el centro de la agenda, debido no tanto al aumento de los delitos (especialmente los violentos) o al temor que vive la gente más desprotegida (en lo económico y lo político), sino por la militarización de sus instituciones. La percepción de ineficiencia y corrupción de la policía y del sistema penal es, en público, una de las principales razones para recurrir a los militares, de cara a que asuman funciones cada vez más importantes en el mantenimiento del orden interno; pero, en privado, la conversión del triángulo norte en un cuadrilátero norte con la inclusión de México -y como factor geopolítico más que comercial- tiene una incidencia cada vez mayor. Indudablemente, la opción militarista está en proceso de expansión en la región, dejando en el olvido las represiones políticas impulsadas por sus ejércitos, aunque hoy con una multiplicidad inocua de formas, que van desde el impulso de modelos organizativos, operativos y estratégicos combinados, hasta el nombramiento de militares al mando de las instituciones policiales, lo que en un futuro inmediato se traducirá, seguramente, en la promoción de personajes de corte militar o reaccionario en el mando de las áreas estratégicas de la sociedad (como la inteligencia del Estado) argumentando que se trata de “militares en retiro”, lo cual es una falacia, pues, lo militar no es un cargo, es un modelo de pensamiento vitalicio.

El cercano y purulento recuerdo de sanguinarias violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas en diversos países de la región –que tienen como caso emblemático la masacre de El Mozote, debido a que la inmensa mayoría del millar de víctimas fueron niños, mujeres y ancianos- introduce un antecedente complicado, preocupante y peligroso, según los conocedores del tema. Por ello, en algunos países, las militancias civiles en defensa de los derechos humanos, así como los científicos sociales, han expresado públicamente su oposición por el involucramiento de los militares en la seguridad pública. Esos argumentos que, por historia y por teoría social crítica, buscan la exclusión de los militares de las tareas de seguridad ciudadana, pierden validez en el marco político-ideológico actual, que está signado por la urgencia y emergencia de la inseguridad pública que hace de la seguridad privada un buen negocio y, a la vez, crea un ejército contrainsurgente de reserva, siendo ese el objetivo estratégico.

Por ello, no es un absurdo que, independientemente de las medidas tomadas, cotidianamente nos enfrentemos al aumento de los delitos violentos, la declaratoria de lugares vedados para la policía, la extorsión, la proliferación de armas de grueso y bajo calibre en las calles, la percepción instintiva de ineficacia del accionar policial y de la justicia; así como no es absurdo que eso se traduzca en la exigencia ciudadana por respuestas efectivas, incluso si éstas le privan de algunos derechos democráticos coyunturalmente. En el fondo, más por agonía que por amnesia histórica, la ciudadanía confía –quiere creer- en los militares y considera que pueden ser mucho más efectivos en el control de la delincuencia, pero, eso crea una nueva-vieja relación sociopolítica que fue nefasta en el pasado: militar-policial, y devuelve a los militares a funciones que no les competen.

A inicios de los noventa, la subordinación política de los militares, así como su especialización en temas de defensa, fueron ejes centrales de análisis debido a su participación negativa en la política nacional durante las décadas previas, razón por la cual se dejó explícitamente establecida en documentos históricos como “los acuerdos de paz”. En ese entonces, proponer su reinstalación en temas internos era prácticamente impensable, por no decir que era una aberración democrática. Sin embargo, en la actualidad se experimenta una situación especial –o aparentemente especial- respecto de la participación militar en funciones policiales que tiende a considerarse como inevitable por diversos motivos, siendo uno de ellos el político-ideológico.

*renemartezpi@yahoo.com