Enrique S. Castro
Las declaraciones, la posición del presidente Mauricio Funes, en ocasión de celebrarse 20 años del Acuerdo de Paz, que puso fin a la guerra y permitió la creación de nuevas instituciones democráticas y la participación del FMLN en el proceso político, han constituido el más rotundo, el más claro, el de mayor impacto en el ánimo de los salvadoreños que hasta ahora se han tenido ante la nación entera.
Se trata, en efecto, de un documento que es tanto por su texto leído como por sus frecuentes y certeras improvisaciones, la definición precisa y cabal de cómo entiende el mandatario los deberes que imponen a su gestión los mandatos constitucionales, la tradición revolucionaria del país y los requerimientos de la realidad interna y externa que afronta – y sufre— El Salvador de hoy. El reconocer la atrocidad de la masacre de El Mozote y caseríos aledaños por parte de la fuerza armada en diciembre de 1981, y el pedir perdón a los familiares de las víctimas, al tiempo de anunciar compensaciones y otras medidas para una justa reparación, lo dignifica y lo acerca a los más sufridos y sensibles de este pueblo.
Este informe o posición de gobierno, de cara a la fortaleza del Estado de Derecho y a las peticiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha sido, seguramente, el pronunciamiento menos esperado por la burguesía; pero el más exigido por los sobrevivientes y las familias más vulnerables, sobre todo en las zonas donde el conflicto armado se vivió con mayor dureza. La agudización de la crisis económica y el desconcierto político internacionales; los efectos de una inflación que escapa a nuestras posibilidades de anularla, las presiones externas y los engañosos atractivos del desarrollismo agudizan y tornan más ruinosa para las mayorías poblacionales, así como las posiciones reaccionarias y las amenazas veladas de desestabilización (recuerden las declaraciones originales de militares en retiro de la fuerza armada, así como de altos dirigentes del partido Arena) de propósitos claramente lesivos no sólo al interés nacional, sino a la eficacia de todo esfuerzo de verdadero patriotismo, culminan sus negras conspiraciones con una millonaria campaña electoral en la que los causantes del deterioro económico del país, de los peores casos de corrupción y responsables directos de la galopante ola delincuencial y de la desintegración familiar, se erigen en el presente como los redentores y benefactores del pueblo salvadoreño. “Somos gente de trabajo, a tu servicio”, pregonan cínicamente.
Por más de 30 años los grupos poderosamente económicos del país, la “gran prensa”, ignoró la masacre de El Mozote, el injustificable asesinato de niños, mujeres y ancianos; pero ahora con la valiente posición del presidente al exigir verdad, justicia y reparación, esos pequeños círculos beneficiarios de la carestía, receptores de ganancias por el alto costo de la vida e insensibles ante el sufrimiento del pueblo salvadoreño, ponen el grito en el cielo y desatan una venenosa campaña mediática contra el gobierno y su “desacierto” por conmemorar los 20 años de nuestra “nueva independencia” en uno de los lugares más emblemáticos y presencial de la descarada violación a los derechos a la vida de más de 1000 campesinos, salvadoreños todos. Para los magnates egoístas, para los reaccionarios, se trato únicamente de una acción populista, de provocar resentimientos entre los salvadoreños. “De abrir heridas”, como si éstas ya hubieran sido cerradas en algún momento de nuestra breve historia.
Si había resquemores y esperanzas para los autores intelectuales y materiales de tan horrendo crimen, las dudas fueron despejadas con rotunda claridad. El gobierno ha asumido su plena responsabilidad: la defensa de los intereses vitales de las mayorías poblacionales. En consecuencia la política gubernamental debe concretarse al cumplimiento de las medidas necesarias para conocer la verdad y en consecuencia se haga justicia y se dispongan los recursos indispensables para una plena reparación de todos los familiares de las víctimas.
En cuanto a las circunstancias especiales que rodean, afligen o estimulan los últimos dos años de su gestión, el presidente Funes proclamó su decisión inquebrantable de no negociar, ni hacer concesión alguna en torno a los derechos humanos y concretamente sobre la masacre de El Mozote. No se volverá a cometer, así, el equívoco de premiar con amnistías o indemnizaciones fabulosas a los responsables de crímenes de lesa humanidad. La solución de los problemas políticos está — y deberá estar siempre— en la plaza pública, en el examen abierto de opiniones y en el estudio de fórmulas opuestas. Pero será esta tarea de ciudadanos preocupados por el interés colectivo y no función de conspiradores que conscientemente sirven intereses frontalmente opuestos al desarrollo y progreso de El Salvador.
