Luis Colato

El sistema educativo salvadoreño puede producirnos  muchas emociones, pero también algunos reparos.  El ministro de educación, Profesor Salvador Sánchez Cerén, nos sorprendió a todos poco más de un año atrás con una confesión sabida de muchos, pero no admitida hasta entonces por el Estado: la nota global de la PAES hasta ese momento era costumbre de administraciones anteriores inflarla de tal suerte que al ser publicada llenase las expectativas y condiciones de los organismos financistas internacionales, del estamento político, y por supuesto, el de la población quién en particular aceptaba en su mayoría la información que sobre el tema le llegaba a través de los medios de comunicación y suponía, que al menos esa área estaba bien.

Lo cierto es que era un hecho conocido entonces como lo es ahora, que el sistema educativo salvadoreño no está a la altura de las demandas que imponen los tiempos que toca vivir a nuestra sociedad, dado que la riqueza de nuestra nación es nuestra gente, y a ella se le ha negado como bien señalan las gremiales de educadores, una educación de calidad correspondientes con las exigencias de la globalización.

Si a un pueblo se le niega el elemental derecho a la educación, no solo no progresa sino que también se estanca, y con él por supuesto la nación y claro, no es difícil adivinar quienes se benefician con tal estancamiento.

En éste punto, cabe la revisión de algunos datos.
La nota promedio de la PAES del año recién pasado fue de 4.85.
La Ecap, o prueba  a la que se somete a educadores al momento de concluir su formación, reporta en el año 2011 una nota promedio de 5.6.
El porcentaje del PIB que nuestra nación destina a la educación, si bien ha tenido un incremento sostenido en la última década, es de 3.6, siendo necesario al menos el 4.5%.

El nuestro es el país en América Latina que menos invierte en el rubro de educación, y es también el más desigual socialmente, lo que por supuesto, se corresponde.
La apuesta, desde mediados de los años ochenta para el área de educación, fue el modelo privatizador o semi privatizador.

Esto último es aun vigente con la actual administración, la que de hecho encontró al Mined amarrado con los compromisos adquiridos por los anteriores titulares.
Esto solo permite atisbar la condición en la que se encuentra la escuela pública y lo urgente y prioritario que es impulsar una genuina reforma educativa fundamentada en responder a las necesidades, intereses y problemas de la sociedad salvadoreña, y no la de seguir satisfaciendo el voraz apetito de las élites económicas.
Dada la carencia de recursos naturales abundantes que se puedan explotar de manera sostenida en nuestro territorio, es la educación la herramienta que sin duda garantizara el progreso y el desarrollo del mismo.

Por otro lado, nuestro modelo educativo fue gestado hacia finales del siglo 19, con el interés de que éste se acomodará a las necesidades del aparato económico de la época, de tal suerte que cuando los educandos concluían su año escolar, estos se incorporaban de inmediato a las tareas agrícolas, participando en el levantamiento de las cosechas de caña, algodón y principalmente, de café, siendo éste último el motor económico de la nación.

Esto implica que el Estado estimulaba el trabajo infantil, aclarando que aquella era una visión aceptada generalmente pero que en el particular caso salvadoreño se hacía en el ánimo de contribuir con la oligarquía agraria, y que aquello de que «el trabajo reditúa al trabajador» no es mas que un mero populismo que a nadie saco de la miseria y que incluso hoy, los hijos de aquellos prefieren emigrar a continuar en aquellas condiciones.

Lo anterior viene a cuenta del hecho incuestionable del fracaso del modelo económico basado en el monocultivismo y de que, por otro lado, en la actualidad las prioridades del modelo han migrado al sector de servicios, descuidando al agrícola, el cual además se ha visto sometido a la doble presión del cambio climático (en el año anterior- 2011- la cosecha récord que se esperaba se malogro ), el cual impacta gravemente a nuestra nación dado que es el mas vulnerable del orbe y que, regresando a nuestro tema, se ha ensañado con la escuela, provocando que los 5 años anteriores y de manera consecutiva, el año escolar se concluyera antes de lo programado, impidiendo el desarrollo del programa educativo planificado, así como el cumplimiento de las metas y objetivos ordenados.

Habría que contemplar el inicio temprano del año escolar, que los educadores públicos se incorporaran a sus infraestructuras al mismo tiempo que el resto del sector público ( que el presente año fue el 3 de enero ) iniciando el año escolar al menos igual que sus pares privados, previendo los posibles meteoros que pudiesen impactar al país y desarrollando estrategias que aseguren que el programa escolar será cubierto en su totalidad.

Aunque la nación tiene recursos limitados, es prioritario que la escuela pública sea dotada con la herramienta digital, que tanto educandos como educadores logren dominios en éste área lo que redundará en un uso eficiente del recurso tiempo en el ejercicio académico.

Los educadores públicos, carentes de tantas herramientas deben ser favorecidos en su labor actualizándoles en éste área, dotándoseles como se hace en las sociedades latino americanas que más han progresado educativamente, no solo de la formación en el uso de Pc´s, sino que también sea garantizado por parte del Mined que cada uno de ellos posea una de uso personal, y que ésta, sirva en coordinación con el Mined para dar cumplimiento a los programas y planificaciones educativas.

Para concluir, cabe el reconocimiento a la actual administración de Educación sus esfuerzos orientados a mejorar el sistema educativo, a darle el estatus que merece, a lograr las metas de inclusión necesarias al desarrollo estratégico nacional, por lo que no dudamos que éste también será su prioridad en el futuro, pero, esperaríamos un mayor acompañamiento del sector político de la nación, que éstos sean abanderados desde sus distintas facciones de una recuperación del sistema educativo y por supuesto, de la construcción de una política de nación basada en el principio de prioridad estratégica del rubro educativo.