Licda. Alma Benítez Molina
En la primera semana del año, varios medios de comunicación informaron que Vanesa Irene Juárez, una niña de 10 años de edad, murió el 1 de enero en el Hospital Bloom por un cáncer e insuficiencia renal (según Medicina Legal), mientras muchos niños y niñas todavía desempacaban los juguetes que les habían dado sus padres. Vanesa Irene, en su corta vida, acumuló toda la marginación social y económica. A ello, se suma la impericia, la insensibilidad y la irresponsabilidad del médico que la atendió en San Julián y proporcionó un diagnóstico extremadamente equivocado.
Al enterarme, en parte, de su dolorosa historia me sentí indignada. En plena edad de jugar con otras niñas y niños, sufrió en carne propia la marginación y la exclusión que se ensaña con los más débiles. La diferencia entre el campo y la ciudad es enorme en todos los sentidos, especialmente en los sistemas de salud y educación a pesar de los esfuerzos que se hacen.
Vanesa Irene fue huérfana de padre y madre. Su padre murió cuando trabajaba en un aserradero, un año después perdió a su madre por una enfermedad renal. Desde antes de nacer, su vida estuvo marcada por una cadena de exclusiones. Lo más seguro es que, si hubiera tenido atención médica adecuada desde antes de que presentara el abultado estómago, es posible que podría haber vivido más años y estaría en la escuela forjando su futuro, pero a ella se le negó todo. Vanesa Irene y su familia no podían pagar consultas médicas privadas donde se encuentran sonrisas en vez de regaños
Su condición de niña, huérfana, pobre y campesina no le permitió obtener atenciones dignas de un ser humano. No solo la condenaron a muerte por un mal diagnóstico sino que el mismo la sometió al escarnio social en su entorno, en el Cantón Agua Chuca, Municipio de San Julián, en Sonsonate. La excluyeron de la escuela por el horror de que estuviera embarazada y “eso era mal ejemplo para otras niñas”. Sus compañeras no le hablaban y el vecindario se preguntaba quién era el autor de ese “embarazo”.
Es bien conocido que en los servicios de salud estatales, parte del personal atiende con mala educación y desprecio a los pacientes, desde el personal de servicio y de enfermería para arriba. El personal médico se considera, muchas veces, que está por encima del bien y del mal. Es tiempo que se bajen de esa nube, son trabajadores y trabajadoras pagados con nuestros impuestos directos e indirectos y están obligados a tratar bien a las personas que demandan servicios nacionales.
Es cierto que existen en nuestro país casos aberrantes, en que niñas de 10 años han dado a luz a otros niños como producto de violaciones, en su mayoría cometidas por parientes cercanos. Para ello, debe existir un protocolo médico para proceder en estos casos, y atenderlos de la mejor manera, o es que médicos, médicas y demás personal no reciben instrucciones de cómo proceder en estas situaciones? Si ese fuera el caso, una persona mínimamente inteligente, con valores humanos, hubiera procedido en mejor forma.
¿Por qué no funcionaron en este caso las instituciones gubernamentales que velan por los derechos de las niñas y los niños?, ¿por qué si el médico sospechaba y aseguraba que era embarazo no lo comunicó a las autoridades correspondientes, a lo que estaba obligado? Aquí no funcionó la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia (LEPINA), ni la Convención de los Derechos del Niño, ni la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ni la Constitución de la República de El Salvador.
La tragedia de Vanesa Irene me trae a la memoria las quejas que he escuchado de varias personas por el mal trato y la negligencia de algunos galenos en el Hospital Zacamil. Personas que han llegado con fiebre, vómitos y otros malestares propios de un ataque de apendicitis han resultado en peritonitis por la pésima atención o por mal diagnóstico.
Las autoridades del Ministerio de Salud, Educación, Fiscalía, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos deben investigar el entorno sobre la muerte de Vanesa Irene y hacer los correctivos correspondientes: deducir responsabilidades y apartar a profesionales que representan un peligro para los y las pacientes que por desdicha tienen que acudir a centros de salud como el de San Julián. Vanesa Irene, hoy separada de este mundo del que a pesar de todo no quería dejar.



