Luis Armando González

Han pasado 20 años desde aquel momento de euforia colectiva, en el que se ponía fin a más de una década de guerra civil. Eran tiempos esperanzadores aquellos; en el horizonte se vislumbraba un futuro sin nubarrones y tormentas. No había malos augurios; al contrario, el país se mostraba fértil para los mejores empeños. Muchas cosas estaban pendientes y de lo que se trataba era de poner manos a la obra. ¿En qué dirección, siguiendo cuál ruta? En la trazada por los Acuerdos de Paz. La clave para arribar a buen puerto era, precisamente, esa: cumplir con los Acuerdos de Paz, tomados en su integralidad.

Y desde los primeros momentos que siguieron al 16 enero de 1992 la ruta de la integralidad de los Acuerdos de Paz no se tomó. Poderosos intereses económicos y políticos –intereses particulares, no de nación— comenzaron a encarrilar al país no sólo en una ruta distinta a la trazada por los Acuerdos de Paz, sino de espaldas y en contra de lo que estos, en su integralidad, exigían: crear un nuevo orden social, económico y político, democrático e incluyente, más justo y equitativo con los sectores mayoritarios de El Salvador.

Positivamente, durante dos décadas se hizo todo para que ese nuevo orden no se edificara. Y los resultados de semejante equivocación están a la vista: migración masiva a Estados Unidos, violencia social y criminal desbordada, un modelo económico terciarizado que ya se ha agotado y una democracia estancada en sus posibilidades de asegurar no sólo la inclusión política, sino la inclusión socio-económica.   

A 20 años de la firma de los Acuerdos de Paz hay quienes opinan que lo mejor es pasar la página y verlos como un bonito recuerdo del pasado. Algo que sería parte del folclore nacional. A ellos se oponen quienes insisten en que este es el momento de desengavetarlos y cumplirlos de una buena vez. Los primeros pecan de reaccionarios; los segundos –aunque despiertan las simpatías de quien esto escribe— no dejan de ser propensos a cierta ingenuidad. Y es que no se trata sólo dar vigencia a unos documentos que ciertamente son importantes, sino de caer en la cuenta de lo que ha cambiado El Salvador desde 1992.

Los Acuerdos de Paz fueron elaborados para un país distinto a este que tenemos ahora. En aquel momento queríamos salir de la guerra y desmilitarizar a la sociedad –esto condicionó fuertemente la estructura de los documentos—, mientras que el modelo agrícola de los años setenta, pese a su crisis, no había sido reemplazado por otro modelo económico.

La migración de esos años tuvo un componente primariamente político y las remesas, sobre todo en los primeros años de la guerra, no eran un alimento necesario para el modelo económico vigente. Al cierre de los años setenta y casi todos los ochenta, usar la categoría “violencia social” para referirse a la violencia predominante hubiera sido contraproducente. En fin, es a ese país al que responden los Acuerdos de Paz.

Veinte años después, ese país es el mismo, pero también es otro. Obrar de espaldas a los Acuerdos de Paz hizo que a viejos problemas estructurales se sumaran otros que, de ser coyunturales –como las pandillas o las bandas de secuestradores y de traficantes de drogas, vehículos o armas—, se han vuelo estructurales. O sea, El Salvador es más complejo ahora que cuando recién salía de sus 12 años de guerra civil.

Quizás los Acuerdos de Paz no sean una buena respuesta a los problemas de ahora. No obstante, no se quiere decir que no sirvan para nada. Más bien, deben ser tomados como un punto de partida y deben ser completados.

Se necesita un nuevo proyecto de nación, que eso fueron los Acuerdos de Paz. Estos documentos deben ser pieza clave en ese nuevo proyecto; otra pieza: las Bases para el plan de Nación.

Y por último: el Plan quinquenal de desarrollo de este gobierno. Por ahí es por dónde hay que buscar la ruta que El Salvador debe seguir en pos de un mejor futuro para sus hijos e hijas.

Santa Tecla, 9 de enero de 2012