Lic. Samuel Aliven Lizama, Juez
El 12 de febrero se realizará la votación para que los abogados de la república elijan a 15 personas que formarán una de las dos listas que el Consejo Nacional de la Judicatura remitirá a la Asamblea Legislativa para que ésta nombre a 5 Magistrados a la Corte Suprema de Justicia. La otra lista de 15 personas la elije el Consejo Nacional de la Judicatura. Esta elección es crucial para el futuro de la administración de justicia porque, dependiendo de las personas electas, permitirá fortalecer la institucionalidad o contribuirá a su debilitamiento.
Tradicionalmente se ha considerado que la lista que elabora el CNJ está manoseada por intereses de los partidos políticos, por la distribución de cuotas de Consejeros y por las autopostulaciones. Esperemos que esta vez ello no sea así y que la Unidad Técnica de Selección del CNJ juegue el rol que le corresponde, al elaborar una genuina selección de los 112 aspirantes inscritos basados en el mérito, trayectoria, idoneidad, responsabilidad y transparencia. Si tuviéramos un Consejo Nacional de la Judicatura integrado mayoritariamente por jueces, no de abogados, como lo permite la ley en la actualidad, la mayoría de electos tendrían que ser jueces, para evitar la promiscuidad obligada que representa el hecho de que los jueces sean postulados por medio de asociaciones de abogados.
Por otro lado, la elección que se realiza por medio de los abogados queda condicionada a varios factores. Esperemos también que los abogados sepan realizar una votación basada en los criterios ya mencionados, en programas serios sobre el sistema de administración de justicia, en el diseño e implementación de políticas públicas judiciales adecuadas, que no se basen en el clientelismo, publicidad barata y en una lógica mercantil de obtención de beneficios personales.
Uno de los aspectos llamativos de este proceso eleccionario que está en curso es el de la pretensión de reelección de magistrados de la CSJ para otros nueve años. Al respecto y sin entrar en personalismos innecesarios debe decirse dos cosas. La primera es que la Constitución posibilita tal reelección. La segunda es que a pesar de que ello es así no debería de serlo y en el futuro sería necesario reformar la Constitución. Afortunadamente la Asamblea Legislativa ha sabido atajar este tipo de pretensiones. La Constitución exige que para ser Magistrado se requiere ser mayor de 40 años y el periodo para el que se elije a un Magistrado es de 9 años, por lo que si se posibilitara la reelección por otros 9 años, haciendo un total de 18 años o más, virtualmente se estaría convirtiendo el cargo en vitalicio o llevándolo cercano a ello al poner a la persona que es reelecta por un segundo periodo en condición de jubilación. Lo anterior genera un efecto distorsionante de la necesidad de renovación de las Magistraturas, restringe las posibilidades de nuevos candidatos, pone en entredicho la independencia del reelegido al sujetarse a los intereses políticos para lograr la reelección, genera la impresión de ambición de poder y expone una pretensión de continuismo que no debería ser en las instituciones públicas. Ojalá que los abogados y la Asamblea Legislativa en su momento sepan elegir a los mejores hombres y mujeres para tan dignos cargos.
