La celebración, más bien trivial, de los Acuerdos de Paz, es ocasión para que se resienta por muchos inconformes lo que allí no se acordó. Y también para recordar que desde el primer momento se violaron; la Ley de Amnistía fue el primer caso, la renuencia a fundar la PNC la segunda y la inhabilitación del Foro Económico, el otro. Igualmente se señalan cuestiones que debieron ser adoptadas y no lo fueron, pero sin considerar que unos acuerdos son producto de negociaciones y no de decisiones unilaterales; en el caso concreto de esos Acuerdos, las críticas a sus imperfecciones, quieren olvidar que no fue ninguna capitulación de la guerrilla o de la Fuerza Armada, sino resultado de un complejo “toma y daca”. No se debe olvidar que participaron “duros” de ambos bandos, quienes seguramente fueron moderados por las voces no ortodoxas de algunos mediadores. Y no se debe olvidar que la negociación fue impuesta por USA a la oligarquía salvadoreña.
Y no fue cuestión de dictar condiciones, sino de aceptar soluciones. Seguramente algunos de los protagonistas de esas negociaciones podrán relatar la exigencia de que el ejército desapareciera, como culpable de ser la mano autoritaria que usa la oligarquía para mantener sus privilegios, o a contrario, relatar la exigencia paralela de purgar a los comandantes guerrilleros. A la razonable y lógica salida de ceder ambas partes, debemos señalar que los acuerdos se dieron por la presión internacional y la conveniencia de USA de no seguir financiando una guerra sin victoria; incluso esas negociaciones, es sabido, fueron condicionadas en el último momento por una frívola conveniencia del Secretario de la OEA que, a punto de finalizar su cargo, quería ser el firmante del documento; y desde luego recordar, que una victoria solapada de la derecha fue la táctica de dejar al último los temas sociales y económicos, finalmente no tratados por esa vanidad de empujar una firma apresurada. Pero si lo que se acordó sufrió manipulaciones, si los Acuerdos fueron prontamente incumplidos, debemos aceptar que permitieron al menos acabar con la sangría de la guerra y con las brutalidades del ejército y los cuerpos policíacos; permitió iniciar un esfuerzo para vivir en democracia.
Si la finalización del conflicto no hubiera sido un acuerdo sino una rendición, la guerrilla hubiera suprimido el ejército o quizá hubiera optado como en Nicaragua por tomar para sí esos privilegios; hubiera impuesto una más profunda reforma agraria, hubiera ordenado con leyes los privilegios del dinero; y así otras mil cosas propias de un cambio verdadero. En contraste, si el victorioso hubiera sido el ejército, las penas de muerte hubieran sido abundantes y “el Mozote” o la canallada en los miembros del FDR, sólo un ensayo; en la cárcel hubiera parado toda la “Democracia Cristiana comunista” y al exilio todo el que se hubiera demostrado más cercano a la guerrilla que al ejército. Pero fue una negociación que, con todas sus falencias, la derecha prontamente usó para imponer por veinte años a sus gobiernos, desmantelar el Estado y apropiarse de sus bienes e imponer el saqueo neoliberal. Pero a los Acuerdos no puede atribuirse los daños que hemos seguido sufriendo; no olvidemos que aunque no se puede hablar de limpieza electoral, ha sido el votante quien se ha alargado el calvario, eligiendo diputados y presidentes que han perpetrado tanto daño; ha sido el votante y ha sido la izquierda con sus claudicaciones y disidencias, la que ha dado mandato a la derecha. Inicialmente, fueron las divisiones en la Democracia Cristiana la que dio el poder a ARENA, y serán las claudicaciones y divisiones actuales las que pueden repetir el error y devolverle a unos pocos el privilegio legalizado del poder político necesario para no dar explicaciones para excluirse de impuestos, imponer más IVA y olvidarse de programas de salud o vivienda que no se avergüenzan en llamar “populismo”.
Los Acuerdos de Paz no han sido suficientes y han sido desvirtuados, pero ha sido un inicio
— aunque pobre — al tránsito de una democracia que aún no podemos manejar.
