Este lunes se dictó el sobreseimiento por el asesinato en 1975 del poeta Roque Dalton; un crimen que, según todo lo publicado durante varios años, fue cometido en el contexto de lucha revolucionaria, por una decisión de la dirigencia del ERP, a la que pertenecían víctimas y victimarios. 

    La Fiscalía que, en caso de admisión del juicio debe mostrarse parte, anunció que presentaría sus razones para no presentar una acusación. Y la familia del poeta ha llevado el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

    Las leyes salvadoreñas establecen la prescripción luego de diez años; Fiscalía y Juez se han apegado a esa disposición legal. Y a quienes habría que cuestionar, es a las gremiales de abogados y Universidad misma, que durante 200 años de  independencia de las leyes españolas, han dado su aval a una disposición que violenta el dolor las víctimas y exonera a los victimarios. No son el Juez ni la Fiscalía los responsables, busquemos en el legislador.

    El dolor de la familia de una víctima y una ley que prescribe inmunidad, no es precisamente un ejemplo de justicia; pero en este caso Fiscalía y Juez sólo cumplen con la ley. A  los abogados corresponde el estudio – fácil tarea, pues  esa absurda prescriptibilidad no existe en muchos otros países—  de una disposición que castiga a las víctimas y perdona a los victimarios. Es otro caso de un estado de derecho que, por malicia o ignorancia, no privilegia la justicia.