Oscar López
Redacción Diario Co Latino

Ante la cercanía de las próximas elecciones en las que se elegirán alcaldes y diputados, el edil capitalino Norman Quijano pidió a la Asamblea Legislativa ratificar la Ley que incrementaría el período de gobierno de los Concejos Municipales de tres a cinco años.

La legislatura anterior aprobó las reformas constitucionales necesarias para incrementar el período de gobierno de los alcaldes, por lo que para que las reformas sean efectivas se necesita la ratificación de la actual legislatura, para lo que son necesarios 56 votos de los parlamentarios.

De no ratificar las reformas antes del 11 de marzo, los concejos municipales electos en los próximos comicios  gobernarían únicamente por tres años, pero si son ratificadas los gobiernos municipales tendrían un período de función de cinco años.

Quijano basa su petición a los legisladores en el costo que representa para el país realizar eventos electorales en períodos de tiempo reducidos “la  impresión de las papeletas va a costar $9.5 millones, no sé si eso es todo lo que va a invertir el Tribunal Supremo Electoral” expresó.

Asimismo, el edil considera que la cercanía de los eventos electorales genera inestabilidad, “recién hemos tomado posesión y estamos preparándonos para las siguientes elecciones, eso crea inestabilidad política, social y económica”, argumentó Quijano.

Lo expresado por el edil capitalino se debe a que muchos de los alcaldes han empezado a ejecutar sus planes de gobierno local, cuando ya tienen cerca las del período electoral, por lo que si busca una reelección necesita dedicar tiempo a crear nuevos planes para presentarlos a la población de su municipio. “Si ratifican las reformas le van a hacer un beneficio al país porque cada día los eventos electorales van a ser más costosos”, afirmó Quijano. Basado en esto, el edil considera que los diputados deben tomar en cuenta su recomendación.

Asimismo, Quijano exhortó a los legisladores para que creen una ley que evite el “transfuguismo” (cambio de partido político de funcionarios de elección popular), “eso es una lacra en cualquier democracia, ya que provoca una burla para los ciudadanos”, dijo.

El edil asegura que en otros países latinoamericanos ya se regula esta acción y en algunos casos es penalizada con cárcel, “los legisladores deberían de pensar cómo se corrige”.