En el típico desorden de un inexistente estado de derecho, en El Salvador los sectores más pobres están siendo estafados — desde hace decenas de años — por urbanizadores, constructores y vendedores de terrenos que dan largas indefinidamente a  las legalizaciones de propiedades; incluso la Alcaldía Municipal de San Salvador (en manos de ARENA y luego del FMLN) construyó y vendió un lote de casas en un barrio al sur de la ciudad, y hoy se les dice a los engañados propietarios, que lo que han pagado se tomará como pago de alquiler.

Es el natural trato que da la insensibilidad a los sectores de menores recursos. Ni Universidad, ni abogados, ni políticos de todos los colores, escapan a esa inhumana visión de indiferencia.