LuisArmando González

La idea –y más aún, la implementación— de una reforma fiscal progresiva genera, inmediatamente, los mayores resquemores en los grupos empresariales más poderosos, que desde siempre se han resistido a asumir la cuota de responsabilidad fiscal que les corresponde.

Esos resquemores son difundidos hábilmente ante la sociedad, mediante estrategias mediáticas bien organizadas que suelen contar entre sus principales voceros a analistas, periodistas y publicistas de todos los pelajes que, con una seguridad pasmosa, pontifican acerca del “impacto negativo” que tendrá sobre la sociedad cualquier reforma fiscal de carácter progresivo.

Por lo general –y en cualquier momento—, en esas campañas se suele recurrir a los argumentos de siempre. El argumento más socorrido es que un mayor pago de impuestos por parte de quienes concentran la mayor riqueza “desalentará la inversión”, al afectar al “sector productivo”.

Nunca se insistirá lo suficiente en que esa autocalificación es falsa: los trabajadores del país –mal pagados y con unos derechos laborales pisoteados por doquier—son el agente productivo más importante, pues sin ellos los capitales serían algo muerto, algo que no permitiría a sus dueños multiplicar sus ganancias y expandir sus empresas. Esto es economía básica.

Asimismo, hay naciones –Canadá por ejemplo—, que gravan fuertemente –y como corresponde— a personas y corporaciones que se ubican en los tramos de ingresos superiores, y ello en lo absoluto desincentiva la inversión. Los empresarios de esas naciones lo saben y aceptan una regla de oro que en El Salvador brilla por su ausencia: que la acumulación insaciable de riquezas tiene límites, y que esos límites los impone el Estado. 

Lo anterior lleva a otro argumento que también suele esgrimirse: que el Estado no debe tener a su disposición muchos recursos financieros porque no sabe utilizarlos. La otra parte del argumento es que el sector privado sí sabe usar los recursos que están en sus manos. Nada más falaz que la visión del Estado como mal administrador y del sector empresarial como buen administrador.

Uno y otro pueden hacerlo mal, aunque los fines sean distintos. Uno y otro pueden hacerlo bien en sus respectivos ámbitos de acción. No se tiene que olvidar que los fines del Estado son el bien común, y que la conquista de ese fin supone el uso de importantes recursos financieros, sin esperar a cambio una rentabilidad económica.

Lo que el Estado debe buscar es forjar y mantener un sólido nexo social, lo cual supone asegurar el bienestar social básico, disminuir las desigualdades sociales, erradicar las exclusiones y trabajar porque la convivencia ciudadana se funde en el respeto de los derechos humanos.

Un Estado débil no puede asumir esos y otros retos. Si hay fallas en el uso de los recursos, se tiene que trabajar por disminuir o suprimir esas fallas, pero no por terminar con los recursos financieros del Estado, ya que sin esos recursos el Estado no tendrá la capacidad para encarar los retos nacionales más importantes –que por cierto, no pueden dejarse en manos del sector privado, ya que si eso se hace tales retos, lejos de enfrentarse, se escamotean dando lugar a problemas irresueltos.

Un tercer argumento es que si los sectores más ricos pagan más impuestos, eso terminará por afectar a quienes no son ricos, pues aquéllos trasladarán el aumento de impuestos a los precios de los bienes y servicios que ofrecen desde sus empresas. Algún dirigente empresarial lo ha dicho expresamente, sin darse cuenta de la enorme carga de irresponsabilidad que lleva consigo una afirmación de tal naturaleza. Con esa lógica, todos los que pagamos impuestos deberíamos buscar la forma de cobrarnos lo que entregamos al Estado.

Definitivamente, los argumentos que están circulando en estos días para oponerse a la reforma fiscal que impulsa el gobierno son tan trillados que lo menos que puede hacerse es desconfiar de ellos y de quienes los proclaman. Si uno se toma la molestia de revisar periódicos de los años setenta, cuando el coronel Molina intentó llevar adelante su proyecto de transformación agraria, el discurso empresarial de entonces giraba sobre tópicos parecidos a los de ahora.

Y cuando en administraciones de ARENA se habló de una reforma fiscal integral y progresiva, inmediatamente los grupos empresariales más poderosos detuvieron esos intentos. Cuál fue su propuesta: ampliación de la base tributaria y concentración de la recaudación en quienes no tienen forma de evadir el pago de impuestos: la clase media.

Desde hace 15-20 años que la clase media viene padeciendo las arremetidas impositivas de los gobiernos de entonces. Impuestos, deudas y cierre de espacios laborales han diezmado fuertemente las aspiraciones de una clase media que en 1992 vio la posibilidad de mejorar su vida y lograr con ello una sociedad más estable.

Al ahogarse las aspiraciones de la clase media, las presiones hacia los sectores populares han sido mayores, pues un estrato de la clase media, al empobrecerse, les ha disputado recursos de sobrevivencia. Todavía está por escribirse la historia de cómo miembros de la clase media se integraron al crimen organizado y en estos momentos son cabecillas de poderosas redes criminales.

De tal suerte que el tema de los impuestos es un tema sustantivo para el país. No debería ser asunto de plumíferos o publicistas, sino de personas serias, preocupadas por El Salvador y no sólo preocupadas por cuánto menos dinero van a perder de sus ya millonarias cuentas.