El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, acompañado de su equipo técnico, explicó ayer tarde a los editores de medios, cada detalle de la Reforma del Impuesto sobre la Renta, para desvirtuar no solo los errores, sino las informaciones maliciosas de otros medios de comunicación.

El ministro fue claro y tajante al desmentir, primero, que las reformas hayan sido improvisadas, pues, estaban contempladas desde que se planificó fiscalmente el presente quinquenio. De acuerdo con el ministro Cáceres, las reformas buscan reducir el déficit fiscal y alcanzar los ingresos, para el próximo año, cercanos el 16% del Producto Interno Bruto.

El jefe de la cartera de Hacienda recordó que en 2009, el país fue recibido, por el actual gobierno con déficit del 6.3% del PIB, y no del 2% como lo había difundido el anterior gobierno.

Obviamente, ante esa situación tan adversa, no solo se recurrió a los préstamos programados hasta el 2014, sino que también, se hicieron reformas a otros impuestos como el de bebidas carbonatadas, la cerveza y el alcohol, entre otras.

En ese mismo esfuerzo estaba la actual reforma al impuesto sobre la renta, que, como apuntamos arriba, iba a presentarse en marzo de este año, aunque, el grueso de la reforma, de haber sido aprobada, iba a entrar en vigencia en enero del otro año, tal como ocurriría si es aprobada en los próximos días.

El Ministro desmintió, que en el caso de la afectación de los dividendos repartidos, se esté cayendo en un doble tributo. Y es que, según la legislación comparada, la empresa que paga la renta por sus utilidades, no son las misma razón social que el accionista, que tendría que pagar el 10% por los dividendos recibidos de la empresa de la cual es socio.
El ministro Cáceres también desmintió a quienes aseguran que en Casa Presidencial se derrochen los fondos públicos, tras explicar que en 2001, el presupuesto para Casa Presidencial era de 61 millones de dólares. Y si hoy es de 120 millones, y para el próximo año será de 112, es porque en el presupuesto de Capres está el de Secultura, que es de $15 millones; Inclusión Social,  $15.9; Canal 10, $2 millones; Radio Nacional, $ 287 mil, entre otras.

No hay lugar a dudas, que la desinformación maliciosa, es parte de la estrategia de los sectores empresariales que se niegan, y así lo han hecho históricamente, a que se les incrementen los impuestos, a pesar de que el país necesita de los aportes solidarios de todos.

Por supuesto, quien tendrá la última palabra será la Asamblea Legislativa, quienes deben votar por el proyecto tal como se los han presentado o con ligeras modificaciones.
Lo que no deben es postergarlos, pues, eso afectaría enormemente el erario público, y las posibilidades que el país camine en una ruta segura para disminuir a mediano y largo plazo, el déficit fiscal.

Ojalá, y la ronda de negociaciones que el Asamblea tenga con todos los sectores, sea nada más para cumplir con la ley, en tanto que hay que escuchar a todos los sectores, y no para dar marcha atrás a un proyecto que debería ser de nación.