Seguramente, cuando usted lea este editorial, la Presidencia de la República ya habrá nombrado y juramentado al nuevo Ministro de Justicia y Seguridad. Si no es así, que sirvan estas líneas para sustentar nuestro rechazo a que a ese puesto llegue un militar activo o inactivo. O sino, para dejar patentada un violación histórica al Acuerdo de Paz que puso fin a 12 años de guerra civil en nuestro país.

El Acuerdo de Paz firmado en el Castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, dejó claro que la seguridad pública sería tarea de civiles, mientras que la soberanía nacional, sería responsabilidad de la Fuerza Armada.

En el capítulo II, dedicado a la Policía Nacional Civil dice literalmente: “Se creará la Policía Nacional Civil de conformidad con la reforma constitucional emanada de los Acuerdos de México. La Policía Nacional Civil será un cuerpo nuevo, con nueva organización, nuevos cuadros, nuevos mecanismos de formación y adiestramiento y nueva doctrina”.

Más adelante dice: “La Policía Nacional Civil será un cuerpo profesional, independiente de la Fuerza Armada y ajeno a toda actividad partidista (el subrayado es nuestro). Sin perjuicio del derecho de sus miembros a asumir como ciudadanos la opción política de su preferencia, no podrán valerse de su condición para fines partidistas”.
En la lógica de esa independencia de la Fuerza Armada, en el marco jurídico general establece: “La Policía Nacional Civil estará bajo la dirección de autoridades civiles. Estas serán: el Presidente de la República, el ministro, el viceministro, el director General de la Policía, los subdirectores generales, el Inspector General, los Jefes de Divisiones de cada servicio y los jefes de las Delegaciones Departamentales”.

Está claro que, la PNC debe estar bajo la orden de un ministro y viceministro civiles y no militares. Y esto quedó acentuado en la Constitución de la República, en el artículo 168, que en el numeral 17 dice: “Organizar, conducir y mantener la Policía Nacional Civil para el resguardo de la paz, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como rural, con estricto apego al respeto de los Derechos Humanos y bajo la dirección de autoridades civiles”; (el subrayado es nuestro).

¿Porqué la insistencia a que la Policía Nacional Civil esté independiente de la Fuerza Armada? La respuesta está en la doctrina de una y de la otra. En la formación de cada una, que es distinta. Además, por el pasado represivo que vivió nuestro país en los 50 años de dictadura militar, periodo en que la seguridad pública estuvo bajo los mandos militares: Guardia Nacional, Policía de Hacienda y Policía Nacional. Nombres vinculados a las más nefastas violaciones a los Derechos Humanos.

Además, un militar, con uniforme o sin él sigue siendo militar, no solo porque esta es una carrera profesional, sino por su doctrina, por su formación. Por esto es que, según el Acuerdo de Paz, un militar, activo o en condición de retiro, no puede ser Ministro de Justicia y Seguridad.