Más de algún empresario se sentirá ofendido o en desacuerdo  con este titular, si los hay desde ya les pedimos disculpas.
               

Este está motivado por una propuesta que recientemente hiciera la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) al gobierno, en la que prácticamente rechazan pagar un impuesto especial para combatir la delincuencia, y sugieren que se le cobre a otros.

El gobierno del Presidente Mauricio Funes, en su estilo de dialogar con los sectores  y buscar consensos pidió al sector empresarial que le hiciera una contrapropuesta a la propuesta del gobierno, de gravar un impuesto temporal a los capitales arriba de los $500 mil dólares, para sufragar los costes de combate a la delincuencia. Con el impuesto, el gobierno se proponía recolectar, en tres años, unos 350 millones de dólares.

La ANEP, principal ente aglutinador del sector privado en el país, hizo pública su propuesta a principios de la semana pasada.
Entre las propuestas de la ANEP están que el gobierno, quite o mejore la focalización de los subsidios del gas, la energía eléctrica y el transporte. Que en vez de tasar más a los empresarios, que les cobre al sector informal, donde, dicen ellos, habrían unos 20 mil nuevos contribuyentes.

Luego, dicen, el gobierno debería reducir, en cinco millones de dólares mensuales, el presupuesto de Casa Presidencial, con lo que dispondría de unos 60 millones de dólares.

Y como si el gobierno del Presidente Funes no lo estuviera ejecutando ya, le piden reducir en un 10% el gasto en bienes y servicios, con lo que se podría ahorrar unos $50 millones de dólares al año. Por cierto, el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, les respondió que esta es una práctica que se viene relizando desde el año pasado. De tal forma que el gobierno ahorró en 2010, $48 millones.

Quizá lo único positivo de la propuesta de la ANEP es que, por primera vez, si no estamos equivocados, aceptan que entre sus miembros hay una evasión del IVA, en por lo menos $22 millones de dólares; y $17 millones de Renta. Sobre este aspecto, la ANEP debería denunciar a estos evasores y expulsarlos de las gremiales en las que estén incrustados.

Sin lugar a dudas, la mayoría de nuestros empresarios, además de rechazar de tajo colaborar con este gobierno con más recursos para garantizar la seguridad de los y las salvadoreñas, incluyéndolos a ellos mismo, se hacen del ojo pacho y le adjudican la responsabilidad a terceros. Esta actitud es antipatriótica, que solo se puede entender por el alineamiento del sector privado a un proyecto preelectoral, que busca, procurar que el actual gobierno no logre resultados significativos en el combate a la delincuencia, en tal sentido, puede ser hasta parte de toda una conspiración.