Es cierto que no todo aquello que vaya en contra del orden  establecido debe ser castigo con cárcel, pero no hay que     negar, que ésta, en sí misma, puede ser un factor persuasivo, como lo debería ser la norma misma.

Seguramente, quienes han luchado desde hace más de diez años por despenalizar los delitos contra la calumnia, la difamación, entre otros delitos contra el honor, podrían tener razón, sin embargo, para llegar a esos estadios, se necesitaría de democracias bien desarrolladas, es decir, debería tenerse a toda una sociedad bien educada para que los casos arriba señalados no sean parte de la cotidianidad.

En El Salvador, como en otras sociedades con deudas en su democracia, y todavía polarizadas, la difamación y la calumnia han sido utilizadas para desprestigiar o descalificar al oponente.

En las coyunturas electorales, por ejemplo, hasta aparecen “columnistas” o “articulistas” para difamar a aquel o aquellos que ideológicamente son contrarios.

De hecho, los casos jurídicos contra esos delitos han sido precisamente en coyunturas electorales. Es cierto que, algunas denuncias han sido directamente contra periodistas o medios, por una noticia inexacta, cuyos casos no han prosperado, precisamente, porque no se ha comprobado la intención de difamar o calumniar.

En el periodismo, estamos propensos a cometer inexactitudes o equivocaciones, nunca con esa intención, pues, las máximas del periodismo van en función de la verdad.

No obstante, en la práctica, por falta de rigurosidad se cometen algunas inexactitudes. Muchas veces con la fe de errata se enmienda, que es una aceptación, que es grave por la credibilidad lograda, de que hemos cometido algún error o equivocación.

Es decir, el temor a la cárcel, por un lado, y para evitar manchas como profesionales o como medios de trayectoria seria, los periodistas y los medios buscan siempre realizar un trabajo serio, que es igual a decir, profesional.

De ahí que buscar opciones distintas a la responsabilidad penal, podría dar una mala señal. Es decir, hoy se puede difamar o calumniar, pues, todo se arregla con dinero.

En teoría, los beneficiados seríamos todos y todas las salvadoreñas, sin embargo, cuando han salido estos casos no está de por medio el salvadoreño común, pues, por la naturaleza de los medios, estos no tienen acceso fácil a los medios, mucho menos a la justicia.

Es decir, los que buscan protección son siempre los periodistas o dueños de medios, que no confían en que la rigurosidad y el profesionalismo, es el mejor antídoto para no enfrentar un juicio por difamación o calumnia.

Esperemos que estas reformas al decreto legislativo 191, que despenaliza la difamación y la calumnia, no sean una luz verde para que tales comportamientos negativos se vuelvan cultura, en tanto que hoy todo se resuelve con pisto.