Desde aquellos buses hace 60 años,  de carrocería armada por artesanos locales en nuestro país, administrados como un negocio honesto, la corrupción apareció concesionando el servicio al cuñado del Presidente en turno. Entonces, se importaron vehículos ya armados cerrando los talleres nacionales y dando el negocio a los importadores. Es el “libre mercado” que favoreciendo a uno desemplea a miles: antes del asunto de los buses, una fábrica privilegiada había llevado al cierre de miles de zapaterías.

    Breve historia que atisba a la profundización de nuestra pobreza, de nuestras desigualdades; y explica en parte, el desorden en el transporte público que es el tema a tratar en este espacio. De aquella primera corrompida concesión del servicio, los sucesivos golpes de estado militares fueron cambiando privilegiados y vendiendo desorden a cambio de apoyo político y aún de simple transporte de votantes obligados por una pata de pollo. Es el desorden que promueve la derecha, para mantenerse en el poder político.

Una esperanza
    Los accidentes al inicio de este año, la urgencia proselitista de maquillar el centro de San Salvador, abrieron un espacio apoyado por la opinión pública para romper nexos con empresarios y choferes del transporte público. En seguimiento, el Viceministerio de Transporte toma medidas y anuncia otras más para ordenar el servicio.

    Las tomadas inicialmente se cumplen a medias: control a la velocidad, paradas sólo en sitios determinados, puertas cerradas.  Al control para exigir un carnet autorizando al conductor previa solvencia de las multas que no han pagado en efectivo porque los empresarios han pagado apoyando posiciones políticas, los choferes (y al parecer también algunos empresarios) se declaran en rebeldía. Fueron 19 rutas las que suspendieron el servicio este pasado lunes; motivo, más plazo para pagar las multas: quienes deben un acumulado hasta de $ 2,500 tienen hasta 18 meses, pero quienes han acumulado seis o siete mil dólares deben pagar de inmediato. Aquí, el razonamiento del Viceministerio es claro: si se han hecho merecedores de tantas multas son choferes evidentemente peligrosos y sería mejor que no tengan la oportunidad de obtener un carnet. 

    Es que ni empresarios ni choferes comprenden que el transporte masivo es un servicio público que el Estado debe ordenar y concesionar si es conveniente, pero sigue siendo un servicio sometido a reglas. Y alejándose de las prácticas corrompidas (antes PCN y luego ARENA)  hay una intención de poner orden, se anuncia a más de la carnetización, que se hará efectiva

>>  la revisión mecánica obligatoria
>>  el seguro obligatorio
>>  la adopción de sistemas regulatorios de                     velocidad (no más de 70 km. por hora). ¿No             será excesivo dentro de la ciudad?
>>  una escuela de capacitación
>>  la caja única
>>  y además los detalles: puertas cerradas,           música estridente, escapes hacia arriba.

    Pero también es necesario que los motoristas reciban un trato que les dignifique: ¿cómo pueden ser obligados a un trabajo que va de 5 de la mañana a 10 de la noche?. Y deben ser inscritos en el ISSS y pagar sus pensiones.

    Es claro; son una multitud de cuestiones a resolver. Es claro; es el desorden con que la derecha ha estado gobernando durante decenas de años. Es la insensibilidad que permite decir al Presidente de ANEP, Daboub, que para que ellos paguen impuestos, el Gobierno actual debe tener una política de despidos; cualquier comentario sobra. Aunque aún no aclaran los grandes empresarios: ¿que están haciendo para que no sigan robando el IVA retenido y no entregado?...
    El caos del transporte público sólo es una faceta de la corrupción que patrocina la derecha.