Ante los contratiempos causados por el paro parcial de los transportistas, y que ha afectado a miles de salvadoreños, principalmente en el Gran San Salvador,  una de las principales entidades no gubernamentales que vela por los derechos del consumidor,  el CDC, ha sugerido la «nacionalización» del transporte público.

Quizá el CDC, tiene razón, de ahí que, independientemente de cómo termine este nuevo conflicto, en los que está involucrado el 1% del transporte en el interior del país, y del 8% en el Gran San Salvador, la medida sugerida, debía estudiarse y mantenerla en el congelador.

Ejemplo de un sistema como el que plantea el CDC lo encontramos en Colombia, Brasil y hasta en la vecina Guatemala, donde funciona el Transmetro.
Como lo expresamos en nuestro editorial del lunes, este paro es perverso y no debe permitirse que los dueños de las unidades del transporte y sus empleados, los motoristas y cobradores, salgan con las suyas.

En ese sentido, nos parece inoportuna la intervención de algunos partidos como GANA, en la Asamblea Legislativa, pues, ello impide que las instituciones, en este caso el Viceministerio del Transporte, hagan su labor, de acuerdo con la ley.

Y la ley dice que los motoristas y cobradores del transporte público deben andar debidamente identificados, en primera instancia con su carné, extendido por el Viceministerio y su licencia de conducir.

Claro, para tener el carné deben cumplir varios requisitos, entre ellos, haber cancelado todas sus esquelas. Algunos, y aunque usted no lo crea, tienen acumuladas esquelas por valor de $3,000 dólares. Si esto es así, es porque, tanto el dueño del autobús, como sus empleados, los motoristas, le han apostado a la impunidad, impunidad que la Asamblea Legislativa, y para ser justos, algunas fracciones legislativas la han propiciado, en otros momentos, al eliminar, vía decreto, las esquelas.
En este país, mientras no se haga cumplir la ley de tránsito, vamos a tener transportistas prepotentes y burladores de la ley, y con ello, un pésimo servicio, pese a la ayuda que estos reciben de nuestros impuestos.
En ese sentido, y, pensando en los usuarios que en marzo serán los votantes, GANA debería retirar su propuesta de “flexibilización”, en tanto que no es todo el sector transporte el que está en problemas, sino solo los irresponsables.
Lo que si debería hacer GANA y otras fracciones legislativas, es buscar un mecanismo que permita, tal como lo sugiere el CDC, que el Estado entre también a prestar el servicio, como un sistema mixto, de tal forma que, si en el futuro, los transportistas privados siguen dando problemas, en vez de soluciones viables, nacionalizar totalmente el servicio del transporte colectivo.
Hagan una iniciativa de ese tipo, y verán como los dueños del transporte colectivo se alinean y obligan a sus trabajadores a cumplir la ley de tránsito y a prestar un buen servicio ciudadano.