La Corte Suprema de Justicia en Pleno hizo pública ayer su decisión de no seguir aquí, el proceso de aprehensión preventiva, y por lo tanto, de extradición, de los 9 militares que están siendo procesados en España por la muerte de los sacerdotes jesuitas, entre los que se encontraba el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría.

“La difusión Roja es una medida administrativa policial de localización de un posible extraditable, que puede ir acompañada o no de una solicitud de extradición”, dice la CSJ.
La CSJ, añade, además, que “la solicitud con fines de extradición tien

e que hacerla el estado requiriente”.
Es decir, de acuerdo con 10 de los 12 magistrados y magistradas que formaron Corte Plena el miércoles para estudiar el caso Jesuitas, España no realizó el procedimiento correspondiente para darle tratamiento al proceso de captura y extradición de los nueve militares procesados en España.

El Artículo 327 del Código Procesal Penal, cuyo título es “otros casos de aprehensión”, dice textualmente:
“Además de los casos establecidos en este código, la policía procederá a la captura de una persona, aún sin orden judicial, en los casos siguientes:

3) Cuando respecto de la persona exista difusión o circular roja de instituciones policiales internacionales.
En el caso del numeral 3) aplicará las reglas previstas para la cooperación jurídica internacional. De la detención se dará aviso al Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos”.

Si, el artículo citado, es tan claro como se puede desprender de la lectura literal, entonces la pregunta es ¿por qué la Corte Plena ha dicho que la Difusión Roja no es para que se capture a los militares, sino que es una simple instrucción administrativa de localización?

“Algo huele Mal en Dinamarca”, dice el dicho popular, cuando los individuos, en este caso los togados, tuercen cualquier mecanismo claro y cristalino, cuando se trata de favorecer o, simplemente, evitar que se haga justicia.

Hoy nos queda más que claro, que con esta Corte Suprema de Justicia, la justicia seguirá esperando, cuando los encausados sean gente del poder económico o de la vieja casta militar, como es el caso de los miembros de la “tandona” que están siendo procesados en España.

Es decir, en lo que respecta la justicia salvadoreña los generales Rafael Humberto Larios, Juan Orlando Zepeda y Juan Rafael Bustillo, así como  el coronel Francisco Elena Fuentes y el resto de tenientes, clases y soldado podrán continuar haciendo vida cotidiana, porque aquí, se utilizará cualquier argucia para que no sean llevados ante los tribunales extranjeros. En este sentido, los militares y la impunidad habrán ganado el primer round, pero, la justicia internacional tiene más que uno. Esperemos, entonces.