Desde hace más de ocho días, la Policía Nacional Civil (PNC), ha estado siendo presionada para que cumpla la orden de Difusión Roja, emanada por la INTERPOL, ordenada a su vez por el juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco Núñez, sobre la captura de nueve de 19 militares procesados en España, por el asesinato de los sacerdotes Jesuitas.
Los militares reclamados por la justicia Española, de un proceso judicial que aún no concluye son: Los generales Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda. Además, del coronel Francisco Elena Fuentes; el capitán José Ricardo Espinoza, teniente Gonzalo Guevara Cerritos; los subsargentos Antonio Ramiro Ávalos y Tomás Zárpate Castillo, y el soldado Mariano Amaya Grimaldi.
Los militares son procesados por delitos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad por el asesinato de los sacerdotes jesuitas de origen español Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando López y Juan Ramón Moreno; además, por el sacerdote salvadoreño Joaquín López y López, y de la empleada doméstica Julia Elba Ramos y la hija de esta Celina Ramos.
Los militares arriba mencionados, en un afán de evitar su captura se presentaron o resguardaron en la Brigada Especial de Seguridad Militar (BESM), en horas de la tarde del domingo 7. En la mañana del lunes, el Ministerio de la Defensa los puso a la orden del Juez duodécimo de Paz, quien a su vez, lo dio a conocer a la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, diferentes voces, de reconocidos líderes de opinión, y de ciudadanos que tienen acceso a los medios, vía Internet o Telefónicamente, exigen a la Policía Nacional Civil para que irrumpa en la base militar, y capture a los militares procesados.
Estas voces, si bien es legítimo su reclamo de justicia, no entienden que al final, sus peticiones o ansiedades lo que podrían provocar es un roce, sino es que enfrentamiento entre la PNC y la Fuerza Armada.
No estamos convencidos que toda la Fuerza Armada haya asimilado su nuevo papel en esta época de paz, por lo tanto no sabemos cuál sería su comportamiento si la policía entrara en estos momentos, sin la orden judicial que les autorice sacarlos de la base militar por la fuerza.
Creemos que es la Corte Suprema la que autoriza la extradición de los militares, que desde ya ponemos en duda, la Corte ordenaría a la PNC hacer efectiva la captura y entregarlos a la INTERPOL, eso significaría, que las más altas autoridades del Ministerio de Defensa entregarían u ordenarían entregar a los procesados a la PNC, lo que evitaría que esta irrumpa a la base militar como algunas voces lo exigen.
Es razonable, por supuesto, que ciudadanos y ciudadanas salvadoreñas se unan a las solicitudes de justicia en el caso de los Jesuitas, pero, debe ser sin pasionismo, con mucha cordura, sin exabruptos.
