Caralvá

El destino tiene caminos extraños, de pronto el pasado impone su lugar y clama justicia ante el asesinato del Consejo Superior de la Universidad Centroamericana de 1989 conformado por seis sacerdotes jesuitas.

La justicia se solicita desde el Reino de España, bajo procedimientos de investigación propios de aquella lejana nación, a petición de las familias afectadas.

Desafortunadamente nuestra nación tiene esa larga tradición de impunidad, terror y corrupción que durante décadas se perpetuó conformando una cultura intransigente a los derechos humanos,  la legalidad,  la institucionalidad, etc., por esa razón las esperanzas de justicia para las víctimas aún en estos tiempos de paz son mínimas, los reclamos nacionales e internacionales por la aplicación de justicia en El Salvador llegan hasta el cielo y no bajan a la tierra, allá reposan por los siglos de los siglos.

Bajo estas premisas, la orden de alerta roja para capturar a los militares involucrados en aquél asesinado es de pronóstico conocido, no existirán sorpresas de la justicia local, menos aún en la supuesta extradición hacia el Reino de España. En este caso, la Ley de Amnistía ha cerrado un capítulo que ha permitido a la nación esta leve estabilidad política.

Es una cuestión dolorosa el acontecimiento de la guerra, acá todos fuimos afectados, la guerra no celebra la vida, nada se gana de la tragedia y aunque esta situación abra un precedente mañana otras familias podrían demandar el mismo trato para la contraparte militar. La guerra nos colocó en el mismo nivel de cualquier nación que ha sufrido los horrores de tantos crímenes, las armas al final no matan, son las personas las que disparan contra otras bajo el signo del odio sin límites o en estos tiempos por diversas situaciones propias de los seres humanos degradados a sicarios.

Aún ahora, el panorama es desolador, los crímenes, la corrupción, las extorsiones son el pan de cada día, las víctimas claman justicia y sus peticiones terminan como siempre, en el olvido.

Este no es el primer caso de un juicio contra militares que las víctimas interponen fuera de la nación, en Estados Unidos de América se han procesado y condenado a otros exmilitares por delitos de violaciones a los derechos humanos ¿esto significa que para encontrar justicia se debe recurrir a terceros países? quizás es el único camino por el momento.

A lo mejor no es revancha, ni odio, ni venganza el símbolo que la sociedad ofendida reclama, a lo mejor es solo el símbolo de un hombre y otro hombre, o una mujer y otra mujer hasta llegar a miles y miles de salvadoreños representados en Monseñor Oscar Arnulfo Romero o los sacerdotes jesuitas asesinados bajo la acusación de ser comunistas, quizás lo único que alienta es la memoria por la justicia y la democracia.

El verdadero ejercicio al final, es verificar si esta apertura democrática puede sobrevivir a este desafío que pronto puede llegar a consecuencias insospechadas por las implicaciones internacionales.

En esencia es un proceso judicial, pero las fronteras políticas y de relaciones internaciones internacionales son tan permeables, que recuerdan otros procesos en diversas naciones;  es un momento crucial puesto que exigirá de nuevo el pronunciamiento de los poderes del Estado: Asamblea Legislativa, Corte Suprema y Poder Ejecutivo. Al final cualquier respuesta a estos eventos  debe ampararse en dos pilares estratégicos: la justicia y la democracia.

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