Merlin Velis
Redacción Diario Co Latino

El próximo 14 de agosto presentarán, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), una demanda en contra del Estado salvadoreño por la  masacre de El Mozote, perpetrada en diciembre de 1981 por el Batallón Atlacatl.
Durante el espacio de entrevista “Voces en Contacto”, que transmite la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, el abogado de Tutela Legal Wilfredo Medrano, informó que procederán, junto al  Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),

Medrano adelantó que la demanda está sustentada con pruebas testimoniales de familiares de  las víctimas de la masacre, y de Rufina Amaya, una campesina del caserío El Mozote, que estuvo al filo de la muerte y que presenció “en carne viva”, cómo los soldados del Batallón Atlacatl acabaron,  de la manera más cruel, con la vida de cientos de mujeres, niños y ancianos.

Amaya murió en marzo de 2007, debido a un  paro cardíaco, pero antes de su muerte cientos de veces narró vívidamente lo ocurrido en El Mozote. Por ella, la verdad de lo ocurrido fue conocida a nivel internacional.

A parte del testimonio de Rufina Amaya como única sobreviviente, Tutela Legal también ocupará pruebas científicas que ha recolectado un equipo argentino de Antropología Forense, junto al Instituto de Medicina Legal, quienes han realizado alrededor de cinco exhumaciones en el caserío El Mozote, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Toriles, Ranchería y La Joya.
Tutela Legal del Arzobispado ha tenido un acercamiento directo con los familiares de las víctimas de la masacre, quienes han aceptado ser representados en la demanda internacional.

Más que reparación en términos meramente económicos, “ellos  mismos se han pronunciado por obtener reparaciones colectivas; de que se les garantice el derecho a la salud, creación de talleres vocacionales, reactivación de tierras”, entre otros.

Medrano considera que, si bien el actual gobierno no es el responsable de lo sucedido durante aquel horroroso operativo contrainsurgente, cuyo objetivo fue el macabro exterminio de todo lo que tuviese vida, esta administración sí debe, como representante del  Estado, acatar  las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que caben el pedido de perdón, la derogatoria de la Ley de Amnistía, resarcimiento de daños a las víctimas, entre otras.
“Yo creo que el punto más álgido que puede haber en esto es que la Corte Interamericana se pronuncie en contra de la Ley de Amnistía, porque si nosotros estamos  en la Corte y hemos buscado el sistema interamericano, es porque acá se nos cerró la llave de la justicia”, afirma.

La mencionada Ley ha sido, por años, criticada duramente por las instituciones defensoras de los derechos humanos, quienes  consideran que ha servido para  proteger a los criminales de guerra; y por eso han venido exigiendo incansablemente su anulación a través del  Recurso de Inconstitucionalidad, al que todo ciudadano o ciudadana tiene derecho de hacer uso.

Pese a esa insistente demanda, han habido muchas artimañas para evitar a toda costa que la polémica Ley de Amnistía sea derogada, y con más razón ahora que los Magistrados de la Sala de lo Constitucional se han mostrado independientes, respetuosos de la Carta Magna y con el valor de tomar decisiones atrevidas, que indudablemente tocan fibras sensibles en los intereses de ciertos grupos políticos y económicos del país.

La aprobación del decreto 743 fue una de esas maniobras que se realizó previendo que en un futuro no muy lejano se podría eliminar la normativa y abrir un proceso judicial a  los responsables de miles de muertes de personas inocentes.
Por eso es acertado el proceso de Tutela Legal, de que la derogatoria de la ley, por orden de la Corte Interamericana genere controversia y se vuelva nuevamente un punto de discordia entre los que desean seguir ocultando la verdad y los que quieren juicio para los asesinos.

El representante de Tutela con optimismo considera que saldrán victoriosos en este juicio y que el Estado se mostrará “dispuesto y, sobre todo, solidario y comprometido con la verdad y la dignidad de las grandes mayorías pobres del país, que en un pasado aguantaron más de una década de guerra civil”.

También esperan una respuesta similar de las nuevas autoridades de la Fuerza Armada, en el sentido de que se muestren más abiertas a revelar información que pueda aportar elementos claves para el esclarecimiento de los hechos, y no como  sucedió con los antiguos dirigentes militares que se negaron una y otra vez a  revelar expedientes, bitácoras de salida o cualquier otro tipo de documentos que pudieran dar idea de los verdaderos autores intelectuales de la masacre
“Hay oficios, incluso en el expediente judicial, que respondieron, pero negando los hechos. Es más, ellos manejaban que esto fue en el contexto de un conflicto armado y que las personas que allí  habían fallecido eran guerrilleros”, reclama Medrano.

Los abogados de Tutela Legal del Arzobispado y del Centro por la Justicia Internacional Cejil declaran que esta vez el caso no se quedará entrampado como en otras ocasiones, y están convencidos de que es el momento histórico  para “dignificar a las personas que sobrevivieron a tanto horror cometido durante la guerra civil, en especial a las víctimas inocentes, a cientos de niños y niñas, y  otro tanto de familias que nunca volvieron a ver a sus seres amados y que hoy desean con la fuerza de sus entrañas que los responsables no se queden impunes”.

“Tenemos la contundencia y estamos seguros de que el proceso va ser exitoso”, concluyó Medrano.