La confrontación a que ha llevado al gravísimo enredo por el Decreto 743, debería resolverse a un nivel académico y no político, donde han abundado las mezquindades. Ello no impide que los Partidos, aunque fuera por puro cálculo electoral, ante la incrementada desconfianza que han generado, a más de clarificar sus posiciones, deberían buscar soluciones transparentes a corto plazo y a mediano plazo; si necesario, las reformas constitucionales convenientes.

    Sea por ambigüedades, sea por contradicciones, sea  por  maduración de los tiempos, la ley debe adecuarse. A más de las discutidas jurisdicciones y competencias que han generado el embrollo del 743, el ejemplo de otras realidades en Latinoamérica ha llevado a una reflexión que se generaliza: la conveniencia de adoptar la figura  del plebiscito; pero esta reforma requiere la convocatoria a una Constituyente. Desde luego que dicha consulta, no exenta del peligro de las  manipulaciones – y en consecuencia, debe ser cuidadosamente estudiada por personas calificadas —  se presenta necesaria para evitar la repetición de las delictuosas medidas gubernamentales tomadas en los pasados 20 años, en que se aprobó el fin de las funciones importadoras de RASA, la venta de ANTEL (ambas dejaban un importante ingreso, a más de ser estratégicas), el TLC, la dolarización, que tienen postrada a la economía nacional. La consulta ciudadana tiene ensayados antecedentes en el Cabildo Abierto de los Municipios que,  aunque no vinculantes, someten a aprobación de los vecinos algunos proyectos locales.

    Pero si son convenientes esas reformas conforme lo establecido en la Constitución, deben ser propuestas, estudiadas y discutidas al más corto plazo, para no prolongar el peligroso caos en las desavenencias de los tres órganos. Es momento de imponerse un accionar digno y responsable; es momento de superar caprichos e intereses políticos.