El caos que origina un casi inexistente estado de derecho y una enclenque institucionalidad, debilita aún más la poca credibilidad de los partidos políticos. No es nada nuevo; cuando el Partido Demócrata Cristiano tocaba fondo en su debacle allá por 1988, un pequeño estudio (“Moral y Política”) sobre la situación concluía: “No podía, no puede ni podrá la Democracia Cristiana, permitir que sus funcionarios vivan tras las ganguerías; y tampoco puede permitir que otros lo hagan. Por su complacencia, ahora está pagando parte del precio.”

    Los Partidos Políticos aunque señalados por su deslealtad al votante,  son, por mandato constitucional, “el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno”. Y como el precepto añade que los Diputados “no están ligados por ningún mandato”, sus decisiones que pueden estar sujetas a públicas discrepancias que dificulten la toma de resoluciones, hace necesaria una disciplina partidaria; pero de allí también  nace el abuso de sus dirigencias, y para manejar fácilmente el consenso, proponen a diputados cuya única calificación es el sometimiento. En consecuencia, se ha generalizado la demanda ciudadana por la opción de no verse obligados a dar su voto por personas desconocidas e impuestas por las dirigencias.

    De aquí el grave conflicto con la resolución de la CSJ, que obliga a una votación en la que el ciudadano pueda optar por dar su voto por una persona cuyo nombre y fotografía aparezcan en la papeleta y la diferente posición de la Asamblea para que, quién quiera, pueda igualmente optar por dar su voto a la planilla que le presente un Partido. La confrontación ha llevado al gravísimo enredo jurídico por el Decreto 743, el cual debería resolverse a un nivel académico y no político. Incluso es momento de reflexionar sobre la conveniencia de reformas constitucionales pertinentes, como la consulta popular.
     Como para la opinión pública, que difícilmente puede informarse de un tema de filosofía del derecho, las posiciones de los Partidos generan confianza o desconfianza, conforme la percepción  de cada ciudadano, pues sus voceros han fallado – lo lógico, si no hay capacidad — en llevar claramente a público conocimiento la legitimidad de las razones que sostienen; y por el contrario, son los mismos voceros los que ahondan la confusión cuando sus posiciones (adversar a la Sala de lo Constitucional, que todos perciben honesta e informada) no corresponden a la generalizada indignación ciudadana.  

    Cuando los partidos de derecha actúan de espaldas a los intereses generales, no extraña. Lo que sorprende es que una izquierda que se nutrió en el sacrificio de decenas de miles de personas, actúa con todas las apariencias de estar, cuando menos, claudicando en su compromiso por promover cambios que dejen atrás los cientos de años de injusticia social. Deberían verse en el espejo de aquella Democracia Cristiana de 1988 alertada cuando estaba a punto de colapsar; y que ya nunca se recuperó.