David Pérez
Redacción Diario Co Latino

El Decreto 743 y sus implicaciones produce la voz de alerta, no sólo de sectores nacionales, sino también internacionales. La asociación de Jueces para la Democracia de España y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) externaron muestras de apoyo a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Los pronunciamientos de ambas instituciones jurídicas se dan luego del informe de la relatora de Naciones Unidas para la independencia judicial, Gabriela Knaul, quien interpretó como “posible atentado a la independencia judicial y a la separación de poderes” la normativa que obliga a la Sala de lo Constitucional a emitir fallos sólo con la aprobación de los cinco Magistrados que la conforman.

La relatora de la ONU señaló que los poderes Ejecutivo y Legislativo no tienen las facultades para imponer procedimientos al Judicial, específicamente al tribunal constitucional que dirime casos complejos, que por su naturaleza suelen ser de alcance nacional.

“Consideramos que la situación generada es muy grave en lo que supone, primero, de ataque directo a la independencia judicial, con evidentes efectos desalentadores sobre toda la estructura del Poder Judicial, y, segundo, de quiebra del proceso ascendente de institucionalidad constitucional y democrática, en un país muy necesitado de ella”, declara el comunicado de Jueces para la Democracia.

Otro de los puntos expresados son las constantes amenazas de destitución o traslado de sala a los Magistrados de lo Constitucional, que devienen en inseguridad jurídica para el país.

“Es evidente que la adopción de está reforma por la Asamblea Legislativa y su sanción por el Presidente de la República constituye un freno y una presión indebida a las labores del Tribunal. También lo son las declaraciones de algunos diputados que insinuaron la posibilidad de que los magistrados sean sancionados por haber declarado inaplicable el decreto, por considerarlo inconstitucional, llegando incluso a la destitución”, agrega CEJIL.

Asimismo, coincide con la posición de la relatora de ONU en el sentido que la vigencia del 743 bloquea la justicia constitucional, por lo que instan a los legisladores a su derogación.