Dirigentes ydiputados del moribundo Partido de Conciliación Nacional (PCN) acudieron ayer, ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), para iniciar el proceso de un nuevo instituto político, luego que una sentencia de la Corte Suprema de Justicia ordenara su cancelación.
La Sentencia de la Sala de lo Constitucional, de fecha 29 de abril del presente año, con el número 11-2005 declaró inconstitucional un decreto legislativo que dio vida tanto al PCN como al Partido Demócrata Cristiano (PDC).
En el referido fallo, la Sala dice: “Declárase inconstitucional, en su contenido, de modo general y obligatorio, el inciso 2º del artículo 1 del Decreto Legislativo No. 586, de 19-01-2005, publicado en el Diario Oficial No. 23, tomo No. 366, de 2-II-2005, pues traslada sus efectos a las elecciones presidenciales de marzo de 2004, lo que constituye una regulación con efectos retroactivos, y la exoneración de las consecuencias de dicho evento electoral no es materia de orden público”.
Tanto los dirigentes del PCN como del PDC han intentado, tras el fallo, mover una serie de piezas para obtener otro salvataje, pero, finalmente, el resto de institutos políticos representados en la Asamblea Legislativa, se han negado a hacerlo.
Según el Código electoral, todo nuevo partido, además de buscar 50 mil firmas como mínimo para conformarse como tal. Además, ni el PCN ni el PDC, una vez cancelados pueden utilizar los logos e insignias, entre otros, hasta transcurrido un año.
El PCN ha anunciado que el nuevo partido político se llamará Concertación Nacional (CN), y que, posiblemente, el domingo próximo comiencen a recolectar las firmas. El PCN ha logrado, como ocurrió con GANA, que si algunas de las firmas son reparadas por el ente rector, no detendrán el proceso de inscripción, mientras es reparada la observación.
Nos parece que la decisión tomada por las autoridades del PCN es la correcta, pues, por un lado, deben cumplir la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, si es que quieren competir en las próximas elecciones de diputados y concejos municipales como la ley manda, y no, bajo decretos producto del chanchullo y el contubernio.
El PDC es el más renuente, hasta el momento, a resignarse a lo que la sentencia ha ordenado, por lo que, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral tendrán el reto de acelerar el proceso de cancelación y no inscribirle candidatos si no hace todo el proceso que el PCN ha decidido comenzar.
Bien por el PCN.



