Desde 1997, tras cuatro años de campaña desprestigiando el funcionamiento del ISSS, el modelo neoliberal sirvió de pretexto para ejecutar el robo de las privatizaciones  — Antel ( entonces, un ingreso anual de mil millones), energía, pensiones, y antes la fraudulenta apropiación de la banca para beneficio del entonces presidente Cristiani y otros pocos —. Aquí, en esta página (abril de ese año) advertimos: “Un nuevo negocio se están preparando los grupos privilegiados: es sabido que la reserva técnica del ISSS sobrepasa los mil millones de colones (nota: sumado lo de INPEP, llegaba a los tres mil millones); en ellos están puestos los ojos de nuestros “financistas”. Completábamos: “… se proyecta encomendar la administración de esos fondos a una Compañía Administradora  de Fondos de Pensiones y bastará que la dicha compañía simplemente deposite esos fondos en un Banco y recibirá, supongamos, un 7 % y si cobra al ISSS un 5 % por administrar esos fondos, el total a ganar en esa “honesta” operación será de 120 millones anuales”. Son cálculos que fueron elaborados por el miembro del CCD, Dr. Rafael Cáceres Viale, actuario, primer vicepresidente del ISSS en los años 50’s. Al darse en esos días la quiebra fraudulenta de Credi Club, exigimos (naturalmente, en vano):  “La Asamblea Legislativa debe impedir la conspiración para despojar de sus cotizaciones a los trabajadores … la única financiera que no puede quebrar es el Estado; y a éste toca garantizar y manejar la seguridad social”.

En su pagada obediencia, los diputados aprobaron en un madrugón lo que les ordenaron, y nunca nos respondieron la pregunta que les hicimos: ¿por qué no han dado a las AFP’s las pensiones de los señores militares?... La privatización de las pensiones es un fraude y además es inconstitucional, pues se rompieron principios de seguridad social (organizaciones laborales presentaron oportunamente un recurso).  

    En su momento, la Fundación Friedrich Ebert presentó un amplio estudio y sólo como ejemplo citamos algunas conclusiones: “Antes de la reforma, la cotización sumada del asegurado y empleador (3 %) era la más baja de América Latina; SAP aumenta la IVM hasta llegar al 24 % en el 2002; y mientras la cotización del trabajador se aumenta en 367 %, la del empleador se mantendrá igual”. Como aquí se adoptó a conveniencia el modelo de Chile, el estudio reporta un informe del FMI diciendo “no existe prueba de que el establecimiento del sistema en Chile,  haya sido un factor decisivo en el desarrollo de los mercados financieros”, una de las muletillas para vender la imposición de las AFP’s.

    La relación del fraude que prevenimos desde hace 14 años y de su inconstitucionalidad, viene al caso pues hay que recordar que el sistema en Chile impuesto en 1981 por Pinochet, está permanentemente evaluado y acogido a una fuerte institucionalidad; la última reforma se dio en enero de este año, pendiente de aprobación legislativa, y es resultado de un acuerdo entre sindicatos y gobierno. Si allá funciona o no el sistema, es del resorte chileno. En El Salvador ha quedado demostrado, desde antes del madrugón de diciembre de 1997, que es un robo más de la derecha financiera salvadoreña. Y los recursos de inconstitucionalidad están engavetados, lo que fundamenta los temores de la derecha de que por fin se den pasos jurídicos en la vía de establecer un estado de derecho.