Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino

Gisela De León, del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), instó a la Corte IDH , a tomar en cuenta, la aceptación de responsabilidad presentada por el Estado salvadoreño, en la desaparición forzada de cuatro niñas y dos niños, durante el conflicto armado en los años ochenta.

En su segundo día de audiencia en Ciudad de Panamá, la Corte-IDH, y la defensa escuchó por primera vez, que el gobierno salvadoreño reconocía la veracidad de las violaciones ocurridas durante la época del conflicto civil armado.
Las víctimas representadas por la Asociación Pro-Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecido y CEJIL, fusionaron tres casos de desaparición de los hermanos Gregoria Herminia, Serapio Cristián y Julia Inés Contreras; y  las hermanas Ana Julia y Carmelina Mejía Ramírez y el niño José Rubén Rivera.

En la audiencia se contó con el testimonio de Gregoria Herminia Contreras, única joven reencontrada de estos casos, quien narró los hechos que rodearon la separación de su familia,  su vida junto a uno de los militares autores de su desaparición y el posterior reencuentro con sus padres biológicos siendo una adulta.

La Corte IDH conoció además las múltiples vejaciones a las que fue sometida; el sufrimiento que la acompaña hasta la actualidad, debido a la alteración de su identidad pues fue inscrita con un nombre distinto al suyo, haciéndola pasar como hija del militar que la separó y llevó lejos de sus padres.

No obstante, debido a la aceptación de los hechos ocurridos y de la responsabilidad internacional que tiene el Estado, salvadoreño,  la audiencia concentró su discusión en las reparaciones que deberá asumir el gobierno para subsanar el daño causado.

Entre las peticiones de las familias de las víctimas, canalizadas a través de CEJIL y Pro-Búsqueda, se externó el deseo de los afectados en conocer el paradero de sus seres queridos, por lo cual, solicitaron que la “Comisión Nacional de Búsqueda de El Salvador se fortalezca mediante una ley que garantice su permanencia”.

En cuanto a la Fiscalía General de la República,  solicitaron la creación de la “Unidad de Investigación sobre la Desaparición Forzada de Niños y Niñas”,  en respuesta a que nunca se ha establecido la responsabilidad de autores materiales e intelectuales de estos hechos deplorables.

Asimismo, que esa información sirva para fortalecer una base de datos, para agilizar las investigaciones del Poder Judicial, ya que Pro-Búsqueda tiene registrado aproximadamente 881 casos.
Ester Alvarenga, de Pro-Búsqueda, señaló la necesidad que las medidas que la Corte –IDH, orden generen un alcance real, “para que den respuesta a las familias de las víctimas de este caso como a los cientos de familiares que se encuentran en sus mismas circunstancias”, concluyó.