Por Néstor Martínez/
Reportaje especial
IRNA/INDAMISLAM  PRESS

El impacto de la minería en los sistemas ecológicos seguido del poco o ningún impacto en la economía local y nacional, provoca que en Latinoamérica crezca poco a poco el rechazo a tal actividad ejercida, en su mayoría de veces, por empresas mineras transnacionales.

Tras muchos siglos de explotación minera, el subsuelo de Latinoamérica aún tiene muchos tesoros escondidos que son ávidamente buscados y explotados.

La Business News Americas, revista digital especializada en información económica, afirma en un estudio sobre la minería y perspectivas para este año, que “existe un gran consenso de que la industria minera de Latinoamérica disfrutará de un positivo año en 2011, con un alza en los precios de los metales, una mayor actividad de exploración y un mejor acceso al financiamiento”.

“Si bien quienes participan en el sector minero se mantienen cuidadosos ante desafíos tales como los conflictos sociales y los costos, la mayoría de los encuestados estuvo de acuerdo respecto a que la percepción general que existe sobre Latinoamérica como destino para las inversiones mineras mejorará este año”, señala la Business News Americas.

Pese a tan optimista informe, la abundante información, e intercambio de esta en redes sociales, sobre los graves daños ya ocasionados por la industria minera en Latinoamérica, permiten a diversas comunidades indígenas y población en general tener mejores argumentos para el rechazo a la minería, al tiempo que despierta los nacionalismos regionales.

Desde México a la Patagonia los gobiernos tienen dificultades crecientes para ejecutar sus planes de minería.

En México, un país explotado por la industria minera desde la época colonial, la oposición es encabezada por indígenas de diversas etnias que luchan desesperadamente por conservar sus recursos ancestrales, tales como los huicholes en el estado de San Luis Potosí, donde se han autorizado 22 concesiones otorgadas a la minera Canadiense First Majestic Silver Corp.

Tras celebrar el XXVIII Congreso Nacional Indígena, en febrero de este año en Jalisco, México, los 110 delegados de 44 comunidades firmaron el comunicado que en su parte modular dice: “reafirmamos la voluntad inquebrantable de defender nuestros territorios, nuestras culturas y creencias mediante el ejercicio de la autonomía en nuestra forma de gobernarnos, manejo de nuestros recursos naturales y de reproducir nuestra vida”.

En Guatemala, este mes las poblaciones de San Rafael Las Flores, Casillas, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima y Jumaytepeque se declararon “en lucha por la defensa del territorio y los bienes naturales ante la amenaza del proyecto de minería de plata y oro El Oasis, de la empresa canadiense Tahoe Resources”.

El yacimiento de Escobal fue descubierto por Goldcorp en 2007, y tiene un pronóstico de rendimiento concreto de más de 100 millones de onzas de plata y un rendimiento probable de 176 millones de onzas más. También contiene algo de oro, plomo y zinc.
 
Las comunidades salvadoreñas fronterizas con Guatemala, protestaron porque la explotación de oro en el proyecto Cerro Blanco, ubicado en Asunción Mita, Jutiapa, amenaza contaminar recursos acuíferos. El Salvador y Guatemala comparten el lago de Güija, donde desembocarían los residuos contaminantes de dicha mina.

El triunfo más significativo en la lucha contra la minería fue el fallo a favor del Estado de El Salvador y en contra de Commerce Group, bajo la cual se ampara la minera Pacific Rim.

Commerce Group, bajo los términos del Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, pretendía  $100 millones de compensación al no conceder el gobierno salvadoreño permisos de explotación de oro en la zona norte de El Salvador.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en los Estados Unidos, desestimó la demanda.

La lucha contra Commerce Group (Pacific Rim) fue encabezada por el Comité Ambiental de Cabañas (departamento donde se ubica la zona de explotación).

Dicha lucha logró llevar al plano de la discusión pública los problemas que causaría la explotación del oro, en especial el uso y contaminación del agua, ya que el principal río de El Salvador, el Lempa, pasa cerca de lo que sería la futura explotación.

En Costa Rica, más de 50 organizaciones ambientales, profesionales de todas las ramas y representaciones políticas y sociales, afinan la oposición a la reapertura de la Mina Bellavista. A la coalición opositora, en la que destacan los frentes "Ni una sola mina" y "Llamado urgente por Costa Rica", se suman grupos sociales que ya han sido activados.

Costa Rica es un país famoso por la protección al medio ambiente, sin embargo en los últimos meses el gobierno autorizó proyectos mineros cuyas consecuencias, sin entrar en la explotación, ya las padece la población ya que las amplias zonas de exploración son declaradas “privadas” impidiendo el acceso a la población, acceso del que antes gozaba.

Panamá también fue escenario de las luchas contra la minería. En este país el gobierno promovió un Código Minero que de inmediato fue rechazado por la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Naturales y Derechos del Pueblo Ngabe Buglé.

Tras casi un mes de tensa lucha en las calles de Panamá, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, retiró dicho proyecto de Código, sin embargo en reciente reunión con los indígenas, Matinelli prometió que el nuevo Código Minero no afectará los territorios de las comunidades originarias.

Pese a la reanudación del diálogo entre el gobierno y la autoridades gubernamentales y la Coordinadora de los Pueblos Originarios retomarán para trabajar sobre una nueva reforma minera las organizaciones indígenas anunciaron medidas de fuerza acusando al gobierno de pretender dilatar las discusiones.

En Colombia la actividad minera es impulsada por el gobierno como “locomotora de crecimiento”, sin tomar las consecuencias ambientales.

Por ejemplo, el senador Mauricio Aguilar, denunció que la explotación de oro en el proyecto denominado Angostura, en los municipios de California y Vetas de Santander, destruirá los páramos y con ello las fuentes de agua.

En marzo de este año, se desarrolló en Bogotá la jornada de manifestación contra los proyectos mineros e hidroeléctricos y actividades económicas agrarias agresivas del sector capital particular. Ya que, según los participantes, representa una amenaza para el medioambiente, y las familias campesina e indígenas que son desterradas y despojadas del territorio.

La jornada “por la vida, y la defensa del territorio” tiene como  proclama “el agua y la vida no se negocian”, e incluyó un foro en el Congreso de República sobre el impacto en de los mega proyectos. Las Comunidades provenientes de diferentes sectores de Colombia afectados por este tipo de proyectos junto a organizaciones sociales dialogaron y se manifestaron en la capital “porque para ellos estos proyectos atentan al buen vivir de la población”.

El plan nacional de desarrollo plantea que toda la superficie de Colombia está susceptible a la explotación minera y petrolera, y que “Colombia va a desarrollar la locomotora de la minería e hidroeléctrica, un sector estratégico que se convierte en la política principal del Gobierno, lo que deja abierto intervenir cualquier territorio”.

Mientras, los movimientos sociales del Perú, calificaron como “victoria popular” el que el gobierno, tras duras protestas, rechazara el estudio de impacto ambiental presentado por la compañía transnacional mexicana Southern para el proyecto minero cupífero Tía María, en Arequipa (sur).

Dicho proyecto fue el origen de las protestas y la represión que dejaron tres muertos y 41 heridos. 

La huelga de mineros, campesinos y demás sectores sociales de la provincia arequipeña de Islay fue suspendida al conocerse la decisión.

Los habitantes de Islay iniciaron una huelga hace dos semanas por considerar que el proyecto Tía María iba a contaminar el medio ambiente en la región y los dejaría sin fuentes de agua con la consiguiente desaparición de sus cultivos.
En febrero los pueblos de la amazonia ecuatoriana se declararon en rebeldía porque no se tomaron en cuenta sus intereses para la creación de la controversial ley de agua y minería

En marzo de ese año la Asociación de la Nacionalidad Kichwa Kushillu Urku (ANKAKU) cuenta que “realizaban un recorrido por la zona de reserva de la comunidad, encontrando sorpresivamente la presencia de actividad minera en el límite de su territorio, en las márgenes del río Challuayaku, cantón Santa Clara, provincia de Pastaza: una retroexcabadora, una draga y varias piscinas abandonadas a lo largo de 500 metros en las riberas del río. No conocemos de dónde vienen, ni cómo entraron, ni a qué empresa o sociedad representan; solo sabemos que han agredido nuestro hogar, han violado a nuestra madre, la Allpamama”.
“A la minera poco le importa que esta zona haya sido usada ancestralmente por los ayllus de la comunidad, siendo conservada durante generaciones como una zona de reserva de fauna y flora silvestre amazónica. Al contrario, los intereses de presuntos "pequeños" mineros han intentado, una vez más, desgarrar a la Pachamama, actitud que rechazamos y denunciamos frontalmente”, reza su comunicado.
El impacto de la minería en Chile lo relata Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales: "con los datos que hemos podido recabar, sabemos que la minería en Chile utiliza más de 13 millones de kilos anuales de Cianuro, este veneno conocido por su letalidad, transita por puertos y carreteras de nuestro país, para ser usado en la cordillera, afectando la salud de trabajadores y de las comunidades que deberán convivir a perpetuidad con los desechos cianurados, la ciudadanía sin embargo nada sabe sobre estos temas”.

La nota más relevante en Argentina fue que a fines de febrero pasado, la directora política de la organización ecologista Greenpeace en Argentina, Eugenia Testa, fue detenida por bloquear el ingreso a un complejo minero de la canadiense Barrick Gold en la provincia de San Juan, en reclamo de la aplicación de la ley de Glaciares.

La dirigente fue una de los 50 activistas que participó en la protesta en el acceso al complejo minero explotado por la multinacional Barrick Gold, integrado por las minas Veladero y Pascua Lama, un yacimiento de oro y plata argentino-chilena enclavado a 4.000 metros de altura en Los Andes.

La investigación que publica la Nusiness News Americas, pronostica, acerca de la actividad minera en Latinoamérica que  “según los encuestados, el conflicto social fue el mayor obstáculo para la competitividad en los países donde ellos tienen operaciones. Además, opinan que en 2011 se intensificarán los conflictos sociales en más de la mitad de los países especificados en la encuesta”.

Un pronóstico que ya se está cumpliendo.


** Este reportaje fue escrito consultando fuentes públicas y privadas.