Nuestro Presidente el empresario Don Ramón Díaz Bach, estuvo presente en la última reunión de vecinos tecleños, quienes han sido sorprendidos por la pretensión gubernamental de desalojar a los niños y monjas del Hogar Adalberto Guirola. Y tras su informe, el CCD se manifiesta para apoyar las acciones que impidan el atropello.
Es del conocimiento general, cómo el gobierno central estuvo exhibiendo desde su inicio, una tendencia a generar antipatías entre sus partidarios; comenzó manifestando una total falta de tacto al censurar públicamente a sus colaboradores más prominentes, quienes respondieron con un aleccionador silencio de prudente indulgencia; y le ha costado más de un año tomar consejo y resolver desavenencias administrativas, con la moderación necesaria para no crear conflictos con el Partido que ganó la elección presidencial.
Pero se han seguido dando caprichosas acciones que le llevaron a desestimar valiosas colaboraciones, como las interesantes y formativas entrevistas que en TV Educativa conducía el Lic. Alvaro Darío Lara o como la forzada renuncia en la Secretaría de Cultura, de la Lic. Brenny Cuenca, de reconocida trayectoria intelectual.
Ahora, en una de las más absurdas, caprichosas e injuriosas acciones, el Gobierno central pretende confiscar las instalaciones del “Hogar Adalberto Guirola” en Santa Tecla, expulsando a los huérfanos que allí se alojan y a las Monjas de Bethania que los cuidan y educan.
Antecedentes
Funcionando desde 1906, el terreno y las instalaciones, fueron donados en 1919 a ese instituto de caridad por doña Cordelia Duke v. de Guirola; pero en 1998 (sic) se expropió – inconstitucionalmente — por Ministerio de Ley. Hoy, el actual gobierno, pretende realizar la usurpación y ocupar esas instalaciones. La sociedad tecleña ya está manifestando su protesta y recurrirá a las debidas instancias legales, ya que la expropiación no ha cumplido las condiciones que establece la ley; pero nada de eso sería necesario si el Gobierno que se dice de compromiso social, desistiera inmediatamente de sus inmorales acciones, pues debería comprender la desestabilización social que genera y la injuria a la sociedad tecleña.
La injuria
Expropiar, desposeer a los niños huérfanos, es una acción que aparte la extralimitación legal, es políticamente un desaguisado; pone en peligro la credibilidad ética del Gobierno y, aún la del Partido que le dio la oportunidad de acceder al poder con su llamado a la justicia social. Lo que coyunturalmente, pero sin excluir lo trascendente, es una injuria – proveniente de extraños — a la sociedad tecleña, lo es por extensión a todos los salvadoreños.
Es irrespeto de una entidad gubernamental que, olvidando su subordinación a la soberanía ciudadana, se maneja (según repetidos rumores) con servil obediencia a personas que pasajeramente ocupan altos cargos de gobierno.
La sociedad tecleña ha sido injuriada. El Gobierno — naturalmente pasajero — debe desistir inmediatamente de sus acciones y disculparse con la ciudadanía tecleña. Pero no se le ocultará que el daño político que se ha hecho a sí mismo, será difícilmente sanado. El Partido ganador de las elecciones, debería poner distancia para no cargar con un delito ajeno.
