Geovani Montalvo
Redacción Diario Co Latino
 
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recordó a las autoridades del país, que tienen una deuda pendiente con las víctimas de las desapariciones forzadas.

En este sentido, representantes de la institución señalaron que el desafío que enfrenta el actual Gobierno es la adecuación de la legislación interna para garantizar la investigación, prevención, justicia y reparación de las víctimas de este delito.

Asimismo, se urgió la ratificación de acuerdos importantes como la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas. El Salvador es uno de los pocos Estados que aún no ha ratificado este Convenio.

“Durante muchos años, Gobiernos anteriores se negaron a ser parte de estas Convenciones porque no reconocían su responsabilidad”, aseguró Leonor Arteaga, Procuradora Adjunta para la defensa de los Derechos de la niñez y juventud.

Sin embargo, la funcionaria reconoció que se han dado pasos importantes en este primer Gobierno de izquierda, puesto que ha reconocido en nombre del Estado, la responsabilidad que tiene respecto a las desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los Derechos Humanos.

“Se pidió perdón públicamente al pueblo salvadoreño, por eso creemos que ahora hay que dar un paso mas allá, para que toda nuestra legislación garantice la justicia y reparación a las víctimas”, subrayó Arteaga, durante el foro “Desaparición Forzada: El desafío de la protección interna”,  organizado por la PDDH esta semana.

Hasta la fecha no hay datos oficiales que revelen la cantidad de personas desaparecidas en el país, pues los Gobiernos pasados negaron esta práctica y entre los pocos datos que se encuentran, están los documentados por la Comisión de la Verdad y organizaciones sociales.

Ejemplo de ello, la Asociación Pro Búsqueda tiene más de 800 casos de niñas y niños desaparecidos, mientras el informe de la Comisión de la Verdad, publicado en 1993, documentaba cerca de 5 mil personas desaparecidas forzadamente.

La desaparición forzada consiste en que personas ligadas al poder estatal sustraen a un individuo de su medio, lo privan de su libertad y no dan a conocer su paradero. Puede ser de tipo policial, fuerza armada, paramilitares, etc.
 
Reforma al Código Penal

Actualmente, hay un proceso de discusión dentro de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, para reformar el delito de desaparición forzada y adecuarlo a los estándares internacionales en materia de Derechos Humanos.

 El artículo 364 del Código Penal tipifica el delito de Desaparición Forzada desde 1998, sin embargo, a la fecha no hay ninguna persona juzgada por este delito en los tribunales salvadoreños.

 A juicio de la PDDH y otros organismos de Derechos Humanos como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), este artículo debe ser reformado.

“Es necesario reformarlo, porque este no cumple con los parámetros internacionales en este tema. También, porque no reconoce la desaparición forzada como delito contínuo, imprescriptible, lo que quiere decir que siempre puede ser perseguido, etc.”, argumentó la Procuradora Adjunta Leonor Arteaga.

 Durante el Foro participaron Gisela de León, abogada de CEJIL; Ricardo Iglesias, asesor jurídico de la Asamblea Legislativa; Glenda Vaquerazo, Directora de la Escuela de Derechos Humanos de la PDDH y David Morales, del Ministerio de Relaciones Exteriores.