Gloria Silvia Orellana
Redacción Diario Co Latino
Blanca Cecilia N. no pudo evadir el fallo del Tribunal 5° de Sentencia, que elevó a Vista Pública el homicidio agravado en grado de coautoría en perjuicio de la vida del estudiante del INFRAMEN, Carlos Francisco Garay.
El futuro de esta joven de 19 años de edad, es incierto, de comprobarse su participación de “coautora” en el hecho delictivo, enfrenta entre 30 a 50 años de prisión, según el Código Penal.
El hecho ocurrió el 11 marzo, en la 75 Avenida Norte, en la Colonia Escalón, cuando la acusada junto a Jonathan D. de 17 años de edad, atacaron a varios estudiantes del INFRAMEN.
Jonathan D., que ya fue juzgado y encontrado responsable del homicidio del estudiante Carlos Francisco Garay , guarda internamiento por 7 años en un Centro de Readaptación de Menores.
La Fiscalía General de la República presentó en la Audiencia Preliminar, pruebas documentales, testimoniales y periciales, que permitían comprobar la coautoría de la imputada en el hecho, afirmó el fiscal asignado al caso.
“Tenemos suficientes elementos de prueba, tenemos actas de inspección (Policía Nacional Civil), un álbum fotográfico de su coautoría”, dijo.
Para el fiscal, la joven no es “cómplice” de Jonathan D. al señalar que el comportamiento de la imputada durante los hechos reflejó el control de la escena y ser relevante su intervención en el ataque al estudiante. “Hay distribución de las actividades al momento de atacar a la víctima, al alejar a los que acompañaban a Carlos Garay , también tenemos los reconocimientos médico legal y la autopsia del estudiante, por eso vamos a pedir apertura a juicio (Vista Pública)”, explicó.
Similar razonamiento presentó Óscar Vega abogado querellante quien representa a la familia de Carlos Garay, al rechazar que Blanca N. , fuera solamente cómplice del hecho. “Si Jonathan D. fue encontrado responsable de la muerte de Carlos Francisco Garay, estará confinado 7 años, y no es justo que la mitad de ese tiempo se le aplique a Blanca N. al ser considerada una cómplice; no se puede favorecer de una ley para menores, es coautora del hecho y esperamos la aplicación de ley, que son 30 a 50 años”, indicó.
El juez Samuel Lizama, del Juzgado Quinto de Instrucción, verificó las pruebas presentadas por ambas partes, en presencia de la imputada y la madre de la víctima (que guarda régimen de protección judicial).
Por su parte, el abogado de oficio nombrado por la Procuraduría General de la República, argumentó que su clienta actuó en “defensa” de su integridad física.



