Zoraya Urbina
Redacción Diario Co Latino

Diversos  sectores de la sociedad se siguen pronunciando para condenar la masacre contra 72 indocumentados  en territorio mexicano.

“Todos estamos muy tristes y doloridos porque este es un golpe fuerte para Latinoamérica”, externó el Obispo de la iglesia Episcopal Anglicana Salvadoreña, Martín Barahona, quien durante la década de los noventa trabajó en el tema migratorio.

De acuerdo al religioso, la violación a los derechos de los migrantes en México no es novedad, es una realidad que antes denunció, “la diferencia es que ahora es más publicitada”. Aseguró, que en el pasado se trataba de ocultar esta situación de irrespeto a los migrantes.

“Caer en las manos de la Policía de los Estados Unidos es duro, pero es mucho más duro  caer en esta situación en México,  porque ahí no hay control”, agregó.

Lucy de Acevedo, del Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos Desaparecidos (COFAMIDE), dijo que la masacre es un “acto repudiable”, que muestra los peligros a los que se exponen las personas que deciden emprender camino hacia Estados Unidos, tal como ocurrió con su hermano menor, quien perdió la vida hace 10 años en ese trayecto.

“Eso es algo que sabemos que se da día con día, lo que pasa que ya llegamos a un límite, tenemos que presionar a las autoridades que hagan algo, ya es insoportable”, agregó.  En tanto, Ludin Caballero de Chávez, representante de Save the Children, expresó su rechazo a la masacre, “provoca indignación, impotencia”.

 Consideró que una de las limitantes que los migrantes tienen es que creen que por ser indocumentados no poseen derechos, “estos son inalienables y no los pierden aunque no posean sus documentos”, explicó.

Para la funcionaria, la creación de más consulados que asistan a los migrantes en el camino es una decisión acertada, porque por temor, las personas se esconden en lugar de buscar protección, lo que los vuelve más vulnerables frente a grupos criminales y los expone a secuestros, trata de personas para prostitución, tráfico de órganos, entre otras situaciones.

El obispo Barahona consideró que desde el Estado se deben impulsar políticas incluyentes , que permitan que los ciudadanos y ciudadanas tengan mayores oportunidades para que no busquen estas en el exterior.

“La verdad es que nuestros hermanos migrantes van en busca de un sueño y una mejor calidad de vida, porque lastimosamente nuestro país no se la ofrece”, concluyó de Acevedo.

Realizarán pruebas forenses a víctimas

En este contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó que se realizarán pruebas forenses a los migrantes asesinados y a las 138 familias que hasta la fecha se presentaron a la instancia  con la sospecha de que sus parientes  podrían estar entre las 72 víctimas de la matanza.

De los asesinados, 46 fueron identificados porque portaban documentos de identificación. En este grupo, hay 13 salvadoreños, 9 hombres y 4 mujeres;  21 hondureños, cinco guatemaltecos, seis ecuatorianos y un brasileño.

Cancillería recibió de las autoridades mexicanas los expedientes forenses de las víctimas, pero debido al grado de descomposición de estas, la información recabada no es suficiente, por eso la necesidad de las pruebas forenses para las que ya se tramitan los permisos con las familias, informó Juan José García, Viceministro para los Salvadoreños en el Exterior.

Asimismo, El Canciller Hugo Martínez dijo que no hay una fecha determinada para la repatriación de los cadáveres, pues sería irresponsable traerlos sin saber la identidad de estos.

Cancillería proporcionó un listado preliminar de los fallecidos, de acuerdo a los documentos encontrados.

José Ángel Flores Bolaños, de 33 años; José Francisco García Hernández, 34; Adolfo Armando Fraile Vega, 30;  Josué Gilberto Flores García, 20; Wilmer Antonio Velásquez Martínez, 16; Armando Pérez Nieto, 24; Sabas Napoleón López Sánchez, 20; Henri Francisco Serrano Cuéllar, 24; Pedro Antonio Franco Peña, 55; María Magdalena Alonso Rivera, 28; Yeimi Victoria Castro, 15; Glenda Yaneira Medrano Solórzano, 23; y Karen Yanneth Escobar Luna, 28.

Las víctimas, si se confirman las identidades,  serían originarias de los departamentos de Usulután, La Paz, La Unión, La Libertad, Sonsonate, San Salvador, San Vicente, y Cuscatlán.