Jaime Martínez Ventura
Abogado. Director de la ANSP

El mundo entero se encuentra horrorizado con la vil y cruel masacre de 72 migrantes
latinoamericanos, entre ellos varios salvadoreños, perpetrada en Tamaulipas, México, presuntamente por un grupo de exterminio vinculado a la organización criminal conocida como “Los Zetas”.

Mientras esto ocurre, aun y cuando por unanimidad la Asamblea Legislativa acordó publicar un comunicado condenando dicha masacre, paradójicamente en nuestro país los partidos de derecha se han unido para frenar la iniciativa del gobierno actual de aprobar una ley que proscriba por igual a las maras o pandillas y a los grupos de exterminio. Dichos partidos insisten en que la ley debe enfocarse únicamente en las maras porque según ellos los grupos de exterminio no existen, a tal punto que un respetable diputado de derecha, citado por un medio de comunicación escrita, dijo: “La leyes se hacen en base a realidades y no a creencias, si fuera por creer pusiéramos una ley que regule los viajes a Júpiter.” Al negar la existencia de esas agrupaciones delictivas, pareciera que estos diputados y diputadas viven en otro país porque, en El Salvador, al igual que en otros países de la región latinoamericana, el accionar de estas organizaciones clandestinas es una realidad innegable, demostrada por incontables estudios, informes y casos concretos como los que se citan a continuación.

Una de las expresiones propias del control social subterráneo u oculto en América Latina, es la ejecución extrajudicial de personas. En la década de los setenta y ochenta del siglo XX, fue utilizada como herramienta contrainsurgente por aparatos estatales. En la actualidad este instrumento de control suele ser utilizado con motivos de limpieza social y para algunos analistas no es más que una exacerbación de las políticas de seguridad que ponen énfasis en el llamado enfoque punitivo:

“En versiones muy extremas de esta tesis –la vía punitiva–, ha aparecido en algunos países lo que diversos organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, han denunciado como la ejecución extrajudicial de delincuentes, o sospechosos e incluso grupos de exterminio organizados.”1 

En El Salvador, después de finalizado el conflicto armado no ha dejado de ser frecuente encontrar cadáveres en bolsas plásticas, tirados en carreteras, barrancas, terrenos baldíos u otros lugares alejados y solitarios. Las víctimas mayoritariamente son hombres pero también mujeres, jóvenes de entre 15 y 30 años de edad, algunos con distintivos propios de pertenecer o simpatizar con alguna mara como tatuajes, vestimenta etc. A finales de 1994, apareció la agrupación autodenominada “la sombra negra”, justo cuando una serie de asesinatos selectivos de varios ex comandantes del FMLN hacían sospechar la persistencia de los escuadrones de la muerte. La sombra negra, al igual que dichos escuadrones, se atribuía públicamente la responsabilidad de sus crímenes, adjudicándose una veintena de ejecuciones de supuestos delincuentes en San Miguel y otras más en Santa Ana y San Salvador. El  gobernador departamental de San Miguel, se refería a dicho grupo de exterminio como un “mal necesario”.2 

El 16 de julio de 1995, fueron capturadas 16 personas sospechosas de pertenecer a la sombra negra, entre ellas cuatro miembros de la Policía Nacional Civil, un subcomisionado, un subinspector, un sargento y un agente. También sobresalió la captura del ahora alcalde de San Miguel, comerciante de la zona oriental que había sido miembro de uno de los batallones élites del ejército durante el conflicto armado. Con el tiempo, todos los detenidos fueron liberados por que las investigaciones se vieron obstaculizadas por miembros de las instituciones oficiales, tal como lo hizo constar en su momento la Oficina de Apoyo de las Naciones Unidas (ONUV) 3.

El informe de la Comisión de la Verdad de 1993 reveló que la existencia de los escuadrones de la muerte no obedeció a circunstancias o coyunturas excepcionales, sino que fue un patrón permanente existente aun en el momento de tal informe, del cual se recomendó una investigación profunda por constituir una amenaza al proceso de paz. Esta recomendación no fue cumplida por los gobiernos de turno. Sólo hasta después del asesinato de varios líderes intermedios de la ex guerrilla en 1993, el ex Presidente Calderón Sol, por recomendación de la ONU, conformó el Grupo Conjunto para la investigación de grupos armados ilegales con motivación política, que presentó su informe el 28 de julio de 1994, en el que se destacan: a) El perfil de la víctima: presuntos delincuentes comunes eliminados por motivos de limpieza social; b) El modus operandi de los perpetradores: planificación, logística, armamento, uniformes, el uso de máscaras, vinculación de algunos o varios miembros a los antiguos cuerpos de seguridad, al ejército o a la ex guerrilla; d) Impunidad: motivada por una débil investigación oficial.

La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y varias organizaciones de la sociedad civil como Tutela Legal, IDHUCA y FESPAD, han documentado y denunciado la persistencia de este fenómeno desde hace varios años. FESPAD, en su Informe Seguridad Pública y Derechos Humanos de 1997, presentó el reporte Grupos ilegales armados. Un tema pendiente; posteriormente, en su informe Estado de la Seguridad Pública y la Justicia Penal (Enero-agosto 2005), con base a un seguimiento periodístico y siguiendo la tipología establecida por el Grupo Conjunto, reporta que entre enero de 2001 y agosto de 2005, se registraron 622 casos de ejecuciones sumarias, ilegales o arbitrarias, atribuibles a posibles grupos de exterminio con motivos de limpieza social o por cualquier otra motivación.

En junio de 2006, la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, emitió  una resolución sobre una serie de asesinatos de jóvenes vinculados a las “maras”, por la Policía Nacional Civil, de la Delegación de Sonsonate. La funcionaria afirmó que tras un año de investigación, habían determinado una serie de irregularidades de parte de la PNC y la oficina regional de la Fiscalía General de la República en las investigaciones de estos delitos. Explicó que el día 18 de abril de 2005, el joven Abimeleth Ramírez Ayala de 22 años de edad y que presuntamente pertenecía a la denominada “Mara 18”, fue asesinado después de haber sido capturado de forma ilegal por elementos policiales.4 

Incluso algunos funcionarios de la Fiscalía General de la República, ocasionalmente han revelado indicios sobre la existencia de estos grupos de exterminio, como un caso ocurrido en agosto de 2006, en el departamento de San Miguel, 138 kilómetros al oriente de la capital, en el que  fue hallada una nota a unos 15 metros del cadáver de un pandillero, la cual advertía que si su banda continuaban extorsionando y asesinando tendría que vérselas con el «Comando Central XGN»5 .

Según esta fuente el mensaje pudiera ser un llamado de atención o amenaza para los pandilleros que operan en la ciudad de San Miguel. Asimismo, revelaron que en las últimas dos semanas de agosto de 2006, habían aparecido panfletos de forma dispersa en diversos lugares de ese territorio firmados por otro grupo autodenominado Sombra Negra.6 

En conclusión, no se puede negar la existencia de los grupos de exterminio en El Salvador, cuando desde hace muchos años hemos venido presenciado una infinidad de asesinatos que reúnen las características propias del accionar de estas agrupaciones, incluyendo varias de las masacres cometidas en lo que va del presente año. No se puede negar cuando esas mismas agrupaciones, entre ellas las autodenominadas “Sombra Negra” y “Comando Central XGN”, aparecen y reaparecen durante determinados momentos y reclaman para sí la autoría de varios homicidios.

El hecho que hasta la fecha no se haya condenado a nadie por cometer asesinatos como parte de las actividades de un grupo de exterminio, lejos de ser una prueba de descargo es más bien un elemento más a tomar en cuenta para sostener la existencia y el peligro de dichas agrupaciones para la democracia y el Estado de Derecho.

Tal como lo afirma Naciones Unidas, en el Manual sobre la prevención e investigación eficaces de las ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias, afirma: “Una de las formas en que los gobiernos pueden demostrar que desean eliminar este abominable fenómeno de las ejecuciones arbitrarias o sumarias es mediante la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los culpables”, agrega que la investigación de estos crímenes debe reunir siete elementos: “prontitud, imparcialidad, minuciosidad, protección, representación de los familiares de la víctima, publicidad de las conclusiones y el establecimiento de una comisión investigadora independiente”.

Por tales razones, no es aceptable la incoherencia de los partidos políticos de oposición que, por un lado, condenan la masacre de un grupo de exterminio en México y niegan la existencia de dichos grupos en nuestro país. ¿Qué quieren para probar la existencia de dichos grupos, que se repita una matanza como la de Tamaulipas en nuestro propio territorio? Igualmente es contradictorio que por un lado digan que quieren apoyar al gobierno en su lucha contra todas las formas de criminalidad, pero en la práctica se niegan a proscribir a los grupos de exterminio al igual que a las maras o pandillas.

 1 V. KLIKSBERG, BERNARDO, El crecimiento de la criminalidad en América Latina: un tema urgente. www.iadb.org/Etica/documentos/kli_creci.htm
 2 V. MARTÍNEZ VENTURA, JAIME, “Violencia delincuencial versus impunidad de las pandillas juveniles”, en Límites democráticos del sistema penal: Reformas de la seguridad pública y la justicia penal, FESPAD ediciones y Ediciones del Instituto (INECIP), San Salvador, 2005, Pág. 387
 3 Cf. FESPAD. Grupos ilegales armados. Un tema pendiente, en Informe Seguridad Pública y Derechos Humanos. El Salvador 1997. San Salvador, 1998, Pág.. 55 a 65
 4 La PDDH denunció grupos de exterminio en PNC de Sonsonate. ARGENPRESS. http://www.argenpress.info /notaold.asp?num=031241
 5 Las siglas XGN han sido interpretadas como Ex Guardia Nacional, uno de los siniestros cuerpos de seguridad pública que fueron disueltos en 1992 por los Acuerdos de Paz.
 6 PRENSA LATINA. Denuncian presencia de grupos de exterminio en El Salvador. http://www.prensa-latina.com/article.asp