Zoraya Urbina
Redacción Diario Co Latino

El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, pidió este lunes al Estado salvadoreño velar por los derechos de los pueblos indígenas.

Según un Acuerdo de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), desde 1994, cada 9 de agosto se celebra en todo el mundo el “Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, con el fin de fortalecer la cooperación de los Estados en beneficio de este sector.

Tradicionalmente, los pueblos originarios han vivido en la marginación y han sido excluidos, incluso en la Constitución de la República no son reconocidos como tales.

En días recientes la Secretaría de Inclusión Social (SIS) anunció la creación de una dirección que reconozca y vele por los derechos de los indígenas.

Asimismo, que el 12 de octubre se realizaría el primer encuentro entre los pueblos indígenas y el Ejecutivo, pese a esto, Luna dijo que representantes del sector le habían manifestado que no tenían protagonismo en esta entidad, a diferencia del sector de discapacitados o de diversidad sexual.

Luna aseguró que hasta el momento no  ha habido acercamiento con la SIS  en este tema. No obstante, explicó que la ley faculta a la Procuraduría, no sólo a trabajar en conjunto con la entidad, sino para supervisarla también.

El funcionario también anunció la creación de una oficina dentro de la entidad que preside, la que trabajará  en favor de los derechos de los pueblos originarios. En este contexto, Luna acompañó la presentación del documento “Agenda Indígena para la Defensa de la Madre Tierra y el Buen Vivir de los Pueblos Originarios de Cushcatán”.

El propósito de la agenda es presentar al Ejecutivo un marco de referencia, principios y prioridades que sirvan de guía orientadora para que el trabajo que impulsa el Gobierno de la República logre mejoras en las condiciones de vida de los pueblos originarios.

Sobre registros en Centros Penales

El Procurador brindó estas declaraciones durante una conferencia de prensa en la que también abordó otros temas, tales como el de la denuncia presentada hace unos días por la entidad, sobre los registros inadecuados en algunos penales del país.

Luna dijo que aunque no ha recibido un informe completo del Ministerio de Defensa, el titular de esta cartera de estado, David Munguía Payés, le había manifestado que no son miembros del ejército quienes realizan las revisiones denunciadas, sino enfermeras de los centros.

En este sentido, el Procurador dijo que esperaría un informe completo para poder sentar una posición, aunque manifestó que independientemente de quiénes sean los responsables, no se puede violentar los derechos de las personas con registros inadecuados.

Corte falla apegada a la Constitución

En tanto, Luna aseveró que la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso de las candidaturas particulares, está apegada al mandato que la Constitución le da a este órgano estatal. “Falla de acuerdo a lo que la ley le permite” afirmó.

 El funcionario expresó que podría haber fuga de información en la Corte, porque de otra manera no se explica que los diputados conocieran de antemano una resolución, que en ese momento no era de índole público.

Pese a las declaraciones que los legisladores han hecho en torno a que podrían tomar medidas contra la Sala de la CSJ, Luna consideró que este tema no debe politizarse sino que la decisión de la Corte debe se acatada, porque de lo contrario se envía un mal mensaje a la población salvadoreña.

La resolución, a su juicio, no invade competencias, sino  establece un precedente al actuar de forma democrática, porque no toda la ciudadanía se siente representada a través de un partido político. Asimismo, cuestionó el caso de los diputados que se han declarado independientes, pues esta situación choca con la resolución de la Asamblea.

La Constitución de la República no establece que para tener una candidatura para diputado o para optar por otros cargos públicos, un ciudadano o ciudadana tenga que pertenecer a un partido político, excepto para  el de Presidente del país, en que obliga a militar en cualquier instituto político, a cualquiera que aspire a ese puesto.