México/AFP

México, El Salvador, Guatemala y Honduras saludaron el miércoles la decisión de una jueza federal estadounidense de bloquear las partes más polémicas de una ley antiinmigrantes del estado de Arizona, pero coincidieron en la necesidad de más acciones hasta su derogación.

La ley SB1070, rechazada tanto por el gobierno de Barack Obama como por grupos de defensa de hispanos y numerosos países de América Latina, entrará en vigor este jueves sin las disposiciones que en la práctica hacían que por primera vez se declarara la inmigración ilegal como un delito estatal dentro de Estados Unidos.

Susan Bolton, jueza federal de Phoenix, Arizona (suroeste), suspendió las partes de la ley que pedían a la policía corroborar el estatus migratorio de toda persona sospechosa de no tener documentos, ya que "probablemente afecte a inmigrantes legales", en el estado fronterizo con México donde viven unos 2 millones de hispanos.

La reacción en países que aportan millones de personas a la corriente migratoria desde el sur no se hizo esperar, encabezada por el Gobierno, el Congreso y diversas ONG de México.

"Es un primer paso en la dirección correcta", dijo la canciller Patricia Espinoza, antes de agregar, reflejando el reclamo de una decena de países latinoamericanos, que su gobiero seguirá pendiente del proceso "hasta que se produzca la declaración de una inconstitucionalidad".

Algo respaldado por el Congreso mexicano, que en un pronunciamiento suscrito por todos los partidos políticos representados señaló el "reconocimiento a la decisión de la jueza que respondió la suspensión de la entrada en vigor de las secciones 2, 3 y 6 artículo 4 y 5 de la ley SB 1070" en Arizona.

El texto agrega que los congresistas se mantendrán atentos "al desarrollo de las acciones legales que conduzcan a la suspensión definitiva de esta legislación".

Diversas ONG mexicanas celebraron la medida y reclamaron también que se llegue a una derogación de la ley y luego a una profunda reforma migratoria en Estados Unidos.

Más al sur el gobierno de El Salvador, país de origen para 2,5 millones de inmigrantes en Estados Unidos, dijo por medio de un comunicado de su canciller Hugo Martínez que "la decisión de la jueza (Susan) Bolton refleja que ha prevalecido la legalidad y el respeto a los derechos humanos".

El canciller salvadoreño aseguró que el gobierno del presidente Mauricio Funes "seguirá apoyando una reforma migratoria integral, al tiempo que promueve el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes".

Honduras no ocultó su satisfacción: "Estamos contentísimos como gobierno", dijo en rueda de prensa el vicecanciller Alden Rivera.

Y en Guatemala, el Ejecutivo dijo en un comunicado de la cancillería que la ley de Arizona "amenaza las nociones básicas de justicia y afecta a la comunidad migrante de los Estados Unidos". Guatemala "se ha pronunciado en contra desde que la Ley era una iniciativa", subrayó.

Se estima que en Arizona habitan unos 460.000 de los 11 millones de extranjeros sin papeles que residen en Estados Unidos, la mayoría de ellos hispanos.