Zoraya Urbina
Redacción Diario Co Latino

La credibilidad del sistema judicial salvadoreño está en juego ante los resultados de las investigaciones  del asesinato de dos ambientalistas que recientemente presentaron las autoridades, afirmaron miembros de la Mesa Contra la Minería.

El pasado 1 de julio , la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Dirección Especiali-zada contra el Crimen Organizado (DECO), y la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil (PNC), presentaron a supuestos implicados en los asesinatos de los ambientalistas, Dora Sorto Recinos y Ramiro Rivera Gómez.

Manuel Fuentes, también de la Mesa, señaló cuatro aspectos que la PNC y la FGR no tomaron en cuenta en la investigación. El primer elemento es que antes de la explotación minera en la zona, estos hechos no ocurrían.

En segundo lugar, Sorto y Rivera recibieron múltiples amenazas y lo que se les recriminaba era su oposición a los proyectos de minería metálica; como tercer aspecto, algunas de las personas detenidas son ex-trabajadores y simpatizantes de la empresa Pacific Rim.

Como cuarto punto indicó que en una resolución del Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, en el juicio contra Óscar Menjívar por el intento de asesinato contra Ramiro Rivera, la  consignación fue de que las confrontaciones en Trinidad en el departamento de Cabañas son resultado de las opiniones encontradas en el tema de la minería metálica.

El religioso Neftalí Ruiz manifestó que el argumento de las autoridades no es válido, ejemplificó que él no es parte de la familia Rivera, no obstante ha recibido múltiples amenazas contra su vida, por lo que desmintió enfáticamente que los asesinatos se deban a rencillas personales, tal y como afirman la PNC y la FGR.

López explicó que en enero de este año, el presidente de la Pacific Rim, Tom Shrake, en una entrevista habló de detalles de la investigación que sólo conocían la FGR, la PNC y los abogados.

Esto, a su juicio, implica que es Shrake, quien de alguna manera, influyó para que las autoridades salvadoreñas siguieran una línea de investigación. La Mesa sostiene que aún no se han capturado a los verdaderos autores intelectuales de este y otros hechos. Entre los que están las fuertes sumas de dinero con que se pagó a los sicarios y no se ha indagado en otros crímenes ligados al caso. Luis González externó que esta es la forma de operar de las empresas mineras.

“Cuando se quiere explotar los recursos naturales de un país y las comunidades se oponen, la respuesta de estas empresas es la violencia, la compra de voluntades”, concluyó.