Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

El dinero confiscado a las pandillas, maras o grupos de exterminio será distribuido a los entes de seguridad y justicia, según la propuesta de la “Ley de Prescripción” de estos grupos que se espera sea debatida en el pleno a partir de hoy.

El documento final de esta propuesta de ley “tiene entre sus propuestas que los bienes de procedencia ilícita o que, como parte de la estructura de las agrupaciones, asociaciones u organizaciones ilegales, hayan adquirido las personas integrantes, colaboradoras, financistas o beneficiarias  estarán sujetos a la extinción de dominio por medio de los procedimientos y procesos civiles, administrativos y penales”.

Luego de determinados estos procesos, el tribunal correspondiente podrá declarar “el comiso en la sentencia definitiva, según corresponda, a favor del Estado, y el producto de su liquidación” se destinaría en un sesenta por ciento a la partida presupuestaria del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, un 20 por ciento a la Fiscalía General de la República y el otro 20 por ciento al Órgano Judicial.

Estos fondos servirían, en el caso del Ministerio de Justicia y Seguridad para los gastos “derivados” de la política de Justicia, seguridad pública y convivencia. Mientras que el 20 por ciento para la fiscalía, será para reforzar el área de investigación.

El documento también pide que la fiscalía o el juez competente en casos de “urgente necesidad” pueda ordenar la inmovilización de las cuentas bancarias de los integrantes, colaboradores o beneficiarios.

Además, se busca que las instituciones financieras informen de la existencia de bienes o servicios vinculados a personas pertenecientes a estos grupos.

La propuesta de ley fue anunciada por el Presidente de la República Mauricio Funes, tres días después de la quema y asesinato de 14 personas dentro de una unidad de la ruta de microbuses de la ruta 47, en Mejicanos.

Con este instrumento legal se busca además criminalizar la pertenencia a estas agrupaciones, asociaciones y organizaciones ilícitas. Para sustentar esta criminalización, las autoridades han presentado una petición de reforma del artículo 345, del Código Procesal.

La “Ley de Proscripción de Pandillas, Maras o Grupos de Exterminio”, antes de ser presentada a la Asamblea Legislativa, se sometió a un proceso de consultas con representantes de diferentes sectores del país.

 Las autoridades buscan con este instrumento legal la erradicación de las actividades ilícitas de las pandillas, maras o grupos de exterminio, a quienes en este momento se les adjudican delitos de extorsión y homicidio, entre otras actividades del crimen organizado.