Iván Escobar
Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

Las consultas con distintos sectores del país y posteriores recomendaciones aseguran ha permitido fortalecer el documento final de la propuesta de la “Ley de Proscripción de Pandillas, Maras o Grupos de Exterminio”,  que será presentado hoy a la Asamblea Legislativa, para su respectivo análisis y aprobación.

El Ministro de Justicia y Seguridad, Manuel Melgar, aseguró que la propuesta de ley será presentada hoy, para que los diputados puedan discutirla en la sesión plenaria de este jueves.
En específico la Ley lo que pide es que se sancione con cárcel el simple hecho de pertenecer a una pandilla, mara o estructura de exterminio.

La propuesta también busca establecer que estos grupos sean prohibidos en su existencia, legalización y financiamiento. Acompañada de la iniciativa de ley, los titulares de seguridad presentarán una serie de propuestas para reformar el Código Procesal Penal.

Melgar indicó que después de las consultas se han logrado “tener aportes importantes” para fortalecer el documento y lograr su aplicabilidad. “Un aporte muy importante que surgió fue justamente a propuesta del señor Presidente, es la propuesta de sancionar (con cárcel) también a los que financian este tipo de estructuras”, explicó el titular de seguridad.

Lo que indica que negocios vinculados a estos grupos o dinero, serán confiscados y traslados a las instituciones encargadas de velar por la seguridad del país.

La propuesta de Ley, que hasta hoy es un borrador, contiene nueve artículos.
El documento ha sido expuesto a los diputados de los diferentes partidos políticos, jueces, abogados, fiscales, iglesias y organizaciones civiles.

Iglesias insatisfechas
El gabinete de seguridad sostuvo una reunión ayer, por la tarde, con representantes de las iglesias y varias ong´s. En una primera impresión concluyeron que se puede estar regresando a prácticas del pasado.

El padre Antonio Rodríguez, director del Programa de Políticas Públicas para la Prevención de la Violencia Juvenil, lamentó que la propuesta al final se esté presentando cuando ya está presta a llevarse al congreso.

Además, cuestionó que se continúe con la visión cortoplacista del gobierno de criminalizar a la juventud.

“(La propuesta) es la legitimidad de lo que se ha hecho antes. Hay un peligro de legitimar las prácticas del pasado, lo que presentó ARENA ahora se le da un amparo legal… no se han medido los impactos ni costos de esta Ley”, indicó el religioso.

Al reiterar que se está amenazando de nuevo a la juventud, “y los militares están esperando en las comunidades a darle garrote a la gente”.

Mientras que el pastor del Tabernáculo de Avivamiento Internacional (TAI), Carlos Rivas, recordó que hay necesidad de aprobar este tipo de normas, pero considera que la Ley es más represiva que preventiva. Aunque destaca la consulta, pero lamenta que se hizo muy tarde.

El obispo luterano, Medardo Gómez, destacó que debe existir una visión más a largo plazo y no sólo responder a la coyuntura.

El pastor Edgar López Beltrán, del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, respaldó la consulta, y negó que se está continuando con prácticas de gobiernos pasados.

Con la iniciativa se busca erradicar el accionar de las pandillas o maras, que en la actualidad las autoridades le adjudican su participación en homicidios y extorsiones.

El presidente de la República, Mauricio Funes, anoche enfatizó que la razón de ser de esta Ley es reafirmar el compromiso de su gobierno a no permitir hechos violentos como el ocurrido el pasado 20 de junio, donde supuestos miembros de pandillas incendiaron un microbús del transporte colectivo, con varias personas abordo. En el hecho murieron 14 personas y otras tres más producto de las quemaduras.

El mandatario precisó que con esta Ley no se está persiguiendo a los pobres como ocurrió en gobiernos pasado, sino comenzar a trazar líneas de acción para combatir los niveles desde diferentes estructuras e instituciones que aseguran han sido filtradas por el crimen organizado. Es así que pidió depuración en el órgano judicial, policía y otras instancias.

Según los datos extraoficiales en el país se estima que un poco más de 20 mil personas están involucradas en estos grupos, que serían ilícitos, si se aprueba la Ley.