Daniel Trujillo
Redacción Diario Co Latino

La comunidad de salvadoreños residentes en Estados Unidos (EE.UU.), exigieron al Fiscal General de la República, Romeo Barahona, una investigación “profunda” del asesinato de los activistas contra la explotación minera en Cabañas.

Jóvenes del Comité en Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES) aseguraron que a un año de la muerte de Marcelo Rivera, las verdaderas razones de su asesinato aún no salen a la luz pública.

Con 200 postales firmadas los salvadoreños y salvadoreñas residentes en varios estados de la Nación norteamericana exigieron a Barahona dar con los autores intelectuales de los asesinatos de Marcelo Rivera, Ramiro Rivera y Dora Alicia Sorto, esta última embarazada.

En junio de 2009, Marcelo, férreo opositor a la actividad minera de Pacific Rim en Cabañas, desapareció de manera inexplicable.

Tras 15 días de intensa búsqueda por habitantes del municipio de San Isidro y la Policía, Marcelo fue encontrado en un pozo con evidentes signos de tortura.

Sesenta días después, Ramiro fue asesinado y el temor de la comunidad de la zona volvió.
En diciembre de 2010, Dora Alicia fue asesinada mientras regresaba del río de la localidad.
El CISPES pidió desde hace un mes y medio cita con el Fiscal General, sin embargo, no se la concedió.

Eso no fue impedimento para que el grupo de jóvenes salvadoreños residentes en EE.UU. entregaran las postales. Héctor Burgos, quien está a cargo de la correspondencia al Fiscal, recibió las postales y dijo que las hará llegar al funcionario.

Burgos indicó que las misivas se suman a varias existentes en torno al caso, y el Fiscal las tratará a la prontitud posible.

Nicola Chávez, de la comitiva del CISPES, aseguró que la muerte de los activistas de Cabañas trascendió El Salvador y la sociedad estadounidense está al tanto de los acontecimientos en Cabañas.

Al punto que en varias ciudades estadounidenses se han realizado protestas exigiendo la salida de Pacific Rim del país.

“Exigimos también que se investiguen las amenazas contra las personas que se oponen a la minería en la zona”, agregó Chávez.

No sólo estos jóvenes exigieron a la Fiscalía trabajar con seriedad y prontitud este caso, también se manifestó al respecto el congresista demócrata estadounidense, James McGovern, en su visita al país a finales del año pasado.

La comitiva del CISPES exigió también al Presidente de la República, Mauricio Funes, mantener su postura en negar permisos de explotación minera.

Además, reclamaron al Estado salvadoreño implementar una ley que prohíba definitivamente la extracción de metales en la República.