Por Rodolfo Zelada
Guatemala/AFP

El relator de ONU de los derechos de los pueblos autóctonos, James Anaya, concluye este viernes su visita de una semana a Guatemala, en la que analizó la exploración y explotación de los recursos naturales en regiones donde habitan los indígenas, que se oponen a esa actividad.

En una de sus conclusiones, Anaya recomendó al gobierno que ordene la suspensión provisional de los trabajos en la mina Marlin, subsidiaria de la canadiense Goldcorp International.

"Coincido en la percepción de que, si existe un peligro significativo de daño a la salud o binestar físico de las personas a causa de la mina, el ministerio de Energía y Minas debe proceder a la suspensión de las actividades, al menos hasta que pueda remediarse todo impacto negativo", dijo Anaya.

Su postura respalda la resolución del pasado 20 de mayo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ordenó medidas cautelares a favor de 18 comunidades afectadas y el cierre de las actividades mineras.

Sin embargo, el presidente guatemalteco Álvaro Colom rechazó la orden porque la CIDH se basó en estudios de 2005 y pidió una prórroga de 15 días, que vencen el próximo 25 de junio, para preparar un informe sobre las razones para mantener las operaciones de minería.

"Es evidente que no existe un consenso dentro de las comunidades afectadas respecto a las actividades mineras. Más bien existe en los municipios de Sipacapa y San Miguel Istahuacán una significativa polarización y un ambiente de conflictividad como resultado del establecimiento de la mina", subrayó Anaya.

De acuerdo con Anaya, además de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacán (San Marcos, oeste), en otras áreas del país existe un "clima de alta inestabilidad y conflictividad social" en torno a la minería.

"Esta situación requiere de respuestas decididas y urgentes por parte de los poderes públicos, a riesgo de colocar a Guatemala en una situación de ingobernabilidad", alertó.

Dijo que los conflictos por la actividad minera no solo afectan a las comunidades indígenas sino que "va más allá, colocando en dificultades la capacidad del Gobierno y a los propios actores empresariales para promover la inversión y el desarrollo económico" del país.

"Igualmente preocupantes son las informaciones sobre los distintos procesos judiciales a miembros de comunidades indígenas por actos de protesta social contra las actividades de las empresas", destacó.

Adelantó que en los próximos meses presentará su informe final, en el que incluirá recomendaciones al Estado, ante la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.