Beatriz Menjívar
Redacción Diario Co Latino

La resolución del litigio entre Pacific Rim y El Salvador podría conocerse entre agosto y septiembre, luego de escuchar y estudiar a fondo los argumentos de ambas partes. 

La demanda multimillonaria interpuesta por la empresa minera Pacific Rim ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), carece de solidez jurídica por lo que debe ser declarada como “frívola” argumentaron los abogados de El Salvador en el juicio.

La minera, de capital canadiense, ha llevado hasta los tribunales de la CIADI una demanda contra El Salvador por $100 millones, por negarle el permiso de explotación minera en el Departamento de Cabañas.

En el primer día de audiencias de excepciones preliminares, debatido en la ciudad de Washington D.C., los litigantes de la minera afirmaron que es “desafortunado” recurrir al arbitraje internacional para proteger sus “derechos”.

Además, lamentaron que “cientos” de trabajos estén en peligro de perderse por la negativa salvadoreña. “Queremos invertir en la mano de obra con habilidades salvadoreñas, para ayudar a construir una economía, como lo hicimos en Chile en el decenio de 1990”, declaró Tom Shrake.

Pese a los argumentos, la transnacional ha encontrado una seria resistencia en la población debido al alto impacto medioambiental y el desplazamiento poblacional que causaría el proyecto minero.

El abogado de la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Luis Francisco López, afirmó que el proceso legal entablado contra el país es improcedente porque la empresa canadiense “nunca” adquirió derechos, puesto que el país no brinda licencias de explotación minera “automáticas”, sino que dependen del permiso ambiental del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador.

“No sólo no ha cumplido los trámites ambientales, sino que ha violado la ley de minerías, los principios de Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y la Ley de Inversiones”, afirmó López.

Pese a su demanda, Pacific Rim sólo ha adquirido un 0.5% de los 12 kilómetros  en los que pretende explotar el proyecto minero en la zona norte del departamento de Cabañas, factor que debilita su argumento ante la CIADI, valoró el abogado de la mesa.

“Esto evidencia el enorme esfuerzo que han hecho en el departamento de Cabañas la población y la Mesa Nacional Frente a la Minería, al no vender u oponerse a vender sus terrenos que se encuentran dentro del proyecto”, afirmó el abogado.

López afirmó que la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica se mantendrá “atenta” al desarrollo del juicio y no descartó su involucramiento dentro de la figura de “amigo del juez”.
“Estamos atentos porque en la CIADI se están debatiendo argumentos donde sólo importa el TLC, la ley de minería y la ley de inversiones. No se incorpora la dimensión ambiental, no se contempla la consulta ciudadana que obliga el artículo 24 de la Ley de Medio Ambiente del país”, detalló.

Por su parte, el economista de la Mesa, Benjamín Ramos, urgió al Estado salvadoreño a considerar de fondo las demanda. “Vemos la necesidad que el gobierno aprenda la lección y se suspendan las negociaciones que se tienen de otros TLC que estén en las mismas condiciones del TLC con Estados Unidos”.