Desde la izquierda: Ástrid Torres, Humberto Morales y David Omar Molina, de la Mesa por la Justicia Penal y el Estado de Derecho, dan a conocer elementos castrenses en centros penales. Foto Diario Co Latino/Melvin Rivas
Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino
La problemática del sistema carcelario del país no se resuelve con el ingreso del ejército, según el análisis de los miembros de la Mesa por la Justicia y el Estado de Derecho.
Para solventar los problemas se necesita echar a andar los proyectos de rehabilitación y reinserción apegados a la Ley Penal, para evitar que los recintos sigan siendo centros de “formación de buenos criminales”.
“No se le está dando entero cumplimiento al verdadero proceso de reinserción social”, dijo la jueza y representante de la Asociación de Mujeres Juezas de El Salvador y parte de la Mesa, Ástrid Torres.
La operadora de justicia sostiene que esta falta de cumplimiento a la Ley se ha sostenido en los últimos 20 años.
“No puedo cuestionar a la actual administración porque solamente tiene un año de estar en funciones y en poco tiempo creo que no podemos evaluar si han existido avances o regresiones, más bien creo que se está tratando de sostener la sobrevivencia del sistema en las precarias condiciones que se obtuvieron”, sentenció.
Sin embargo, considera que los reos continúan sin las actividades resocializadoras y sin las actividades de aprendizaje, por eso es correcto que las nuevas administraciones tomen el rumbo correcto.
Ese rumbo debe de ir encaminado en hacer cambios técnicos, mejorar los tratamientos psicoterapeutas y fortalecer el trabajo de los Consejos Criminológicos.
Los Consejos Criminológicos deben evaluar de forma técnica a los reos para saber quiénes son los que sí desean rehabilitarse. También se debe trabajar con la sociedad para que puedan integrar a aquellas personas que cometieron algún error.
Mientras que el jefe del departamento de Derecho Penal de la Universidad de El Salvador y parte de la Mesa, David Omar Molina, está de acuerdo con apostarle a las vías de solución de la problemática de penales a través de lo que ordena la Ley y no a través de medidas como el ingreso del ejército.
“Creemos que es un mal mensaje el que le estamos enviando a la sociedad, porque creemos que los problemas no se pueden solucionar desde una perspectiva civil, sino que hay que estar llamando a los militares, que han sido cuestionados en este país”, explicó Molina.
A fin de mes habrá un desembolso para solventar nuevas tareas de ejército.
La logística y el dinero para el ingreso de los elementos del ejército, que desempeñarán actividades de seguridad al interior de los centros penales del país, están listos.
“Ya tenemos completos los mil efectivos que vamos a emplear, la capacitación continúa y nosotros pensamos que podemos estar listos posiblemente entre el 25 y 26 de este mes”, explicó el Ministro de la Defensa Nacional David Munguía Payés.
La iniciativa de que el ejército desempeñe tareas de registro, seguridad perimetral y que intervenga en situación de crisis, la ordenó el Presidente Funes hace unas semanas a través de una iniciativa de reforma a la Ley Penal, con el fin de erradicar los delitos que se orden desde las prisiones. Esta iniciativa ya fue avalada por la Asamblea Legislativa.
Para solventar las nuevas actividades del ejército, el Ministerio de la Defensa pidió 10 millones 300 mil dólares; de este monto ya existe un porcentaje que será desembolsado por el Ministerio de Hacienda, a finales de este mes según reveló Munguía Payés.
Desde que se anunció la iniciativa y la Asamblea Legislativa avaló las reformas a la Ley Penal, los elementos del ejército se han capacitado para sus labores y se han tenido acercamientos con expertos en materia de penales.



