Por Enrique Bello

El pasado viernes 14 de mayo, desde tempranas horas de la mañana, más de 500 personas provenientes de caseríos y cantones como Los Ramírez, Sicahuite, El Jícaro, Las Minas, Los Pozos, La Laguna Seca, Zapotal, El Coyolar, Guarjila y desde los municipios de Las Vueltas, Ojos de Agua, Arcatao, Nueva Trinidad Las Flores y San Antonio los Ranchos comenzaron la larga caminata por veredas y campo travieso para llegar a uno de los lugares más remotos de El Salvador, a orillas del río Sumpul en la frontera con Honduras, donde antes de la guerra existía el caserío de Las Aradas.

El caserío ya no existe. Las Aradas es hoy sinónimo de la primera gran masacre de cientos de campesinos y campesinas indefensas, que luego se repitió en 1981 en El Mozote, en 1982 en Los Amates y Santa Anita (masacre de la “Guinda de mayo”), en 1983 en Las Bermudas, en 1984 en el río Gualsinga y en muchos lugares más. Con la masacre de Las Aradas, las fuerzas represivas del gobierno salvadoreño (Fuerza Armada, Fuerza Aérea, Guardía Nacional y ORDEN) dieron inicio a los operativos de “tierra arrasada”, es decir, de exterminio a la población civil organizada, considerada base social de la guerrilla.

Comparada con otras masacres y hechos violentos de la guerra, la masacre del Sumpul hasta la fecha ha sido poco visibilizada, y sigue siendo negada por los que en ese entonces eran las autoridades y responsables, y sus partidarios de la derecha. Una de las razones que les facilita negarlo es que no hay otras evidencias que los escalofriantes y conmovedores relatos de las personas sobrevivientes. No hay evidencias “científicas”, por ejemplo exhumaciones de restos humanos como se hicieron en El Mozote, ya que el cerco militar impidió sepultar a los muertos. Sus cuerpos fueron devorados por animales y zopes y sus osamentas quedaron dispersas en el vasto terreno del “Plan de Las Aradas”. Muchos también desaparecieron en el río cuando fueron alcanzados por las balas en el momento de cruzarlo. Las únicas evidencias gráficas de restos humanos en el lugar, y por eso invaluables, son las fotos que tomó Gabriel Sanhueza, periodista chileno, quien junto con otras dos personas logró acercarse al lugar desde Honduras en junio de 1980, unas tres semanas después de la masacre. Estas fotos fueron entregadas a la Comisión de la Verdad en 1992, cuyos archivos están “enterrados” en Naciones Unidas, bajo su custodia, sin posibilidad cercana que el pueblo salvadoreño recupere esa información de indudable valor histórico al que tiene derecho.    

La falta de reconocimiento, justicia y reparación es uno de los motivos porque la población sobreviviente y familiares de las víctimas - con gran disciplina y decisión  -  organizan cada año su encuentro con el pasado en el lugar de los hechos, un lugar desolado y de muy difícil acceso. Les implica grandes esfuerzos, caminatas de entre 2 a 4 horas por cuestas empinadas y montudas, o cruzando el río.  Estas conmemoraciones, a las que acuden cada año no menos de 500 personas, son una especie de “evidencia viviente”,  un esfuerzo físico extraordinario para afirmar con la pura presencia y el testimonio de los sobrevivientes que el Plan de las Aradas es tierra sagrada, un panteón, un santuario de víctimas inocentes.

Como tratan de impedir hacer memoria  
Desde hace algunos años, las comunidades han estado recogiendo pequeñas donaciones, para algún día poder comprar los terrenos, donde en 1994 ya se construyó un pequeño monumento. Hay propietarios anuentes a vender, pero también otros,  que son renuentes, como Neftalí Rivas, un militar retirado quien además de mantener gente armada y con radiocomunicación  en sus terrenos fronterizos (quién sabe por qué motivos turbios),  trata de obstaculizar el acceso de la gente al lugar y a las conmemoraciones que se realizan en esta fecha.
Otra persona que no hace más que desconocer y contrariar los esfuerzos de la gente de obtener justicia, verdad y reparación es el mismo Obispo católico de la diócesis de Chalatenango, Monseñor Luis Morao. En dos ocasiones, 2009 y 2010, participó en la misa del aniversario en Las Aradas, pero no para dignificar la memoria de las víctimas y apoyar el reclamo de la población. En lugar de solidarizarse sin reparo con las víctimas, hace comentarios absurdos y pre-conciliares sobre la iglesia católica, y en contra de otras creencias y religiones, que además no vienen al caso, y, lo más grave, comentarios que ponen en un mismo plan a víctimas y victimarios. Su renuncia deliberada a conocer y reconocer la verdad de lo ocurrido deja todo en manos de una “justicia de Dios”, desconociendo que también hay instrumentos legales en nuestras manos que deberían aplicarse para hacer justicia, antes de cualquier “juicio final”. Con eso le hace el juego a aquellos que siguen negando que esa masacre haya ocurrido - especialmente exmilitares de alto rango. Monseñor Morao antes de ser obispo de Chalatenango era obispo militar.

Su presencia en el lugar este 14 de mayo causó indignación en muchos sobrevivientes que así me lo expresaron. También ofendió, llamándoles “catrachos”, a los hondureños presentes, entre ellos personas extraordinarias que en 1980 solidariamente ayudaron a los sobrevivientes o enterraron a algunos de los muertos en el patio de sus casas, bajo riesgo de su propia vida. Fue triste ver que curas diocesanos presentes no intervinieron y ninguno de ellos tomó el micrófono para suavizar todo lo dicho por el obispo. 

Su discurso y actitud completamente irrespetuosa, que en nada contribuyó al recuerdo y a la oración por lo que había venido la gente, desde su “altura” e investidura de obispo, desde una supuesta “superioridad” que a menudo la hace sentir a feligreses y subordenados, no sugiere otra cosa que ver cómo obviar su presencia el próximo año, para poder conmemorar y celebrar la palabra de Dios con todo el respeto y la devoción que las víctimas merecen; en ese sentido insinuó uno de los presentes después de la misa: “Ya antes hacíamos las conmemoraciones, sin que hubo misa…”

Tenemos que unir más esfuerzos e involucrar otras instancias
Las dificultades descritas ponen en la mesa también la necesidad de hacer un esfuerzo colectivo todavía mayor para visibilizar lo sucedido en Las Aradas. Parece ser un momento oportuno para llevar la reivindicación de las víctimas a otras instancias (además de lo judicial, que es uno de los caminos que hay que continuar). Estas tierras, en vez de ser compradas por los mismos sobrevivientes cuyos familiares fueron asesinados en el lugar, deberían ser declaradas SANTUARIO NACIONAL y AREAS PROTEGIDAS, similar a Cihuatan, Tazumal o San Andrés, que por ser sitios históricos y además centros ceremoniales de los pueblos indígenas de El Salvador, están protegidos por una ley especial. No se puede negar que Las Aradas se ha convertido, 30 años después de la masacre, en un verdadero centro ceremonial y espiritual del pueblo chalateco y un elemento importante de su identidad. Por eso le pertenece y debe ser protegido por ley.  La población puede contribuir a la indemnización de los actuales propietarios, pero es el Estado el que debe reconocer estos terrenos y el río como patrimonio cultural, garantizar para siempre su accesibilidad y uso espiritual por la población y poner en manos de las comunidades y sobrevivientes su custodia.

De esto también se habló este 14 de mayo en Las Aradas, en presencia de algunos alcaldes y representantes de organizaciones locales. Hay esperanza  que a corto plazo con ese fin, ojalá auspiciado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, una comisión representativa de las comunidades, acompañada por organismos solidarios y de derechos humanos como Tutela Legal, comience un acercamiento con autoridades correspondientes: la Secretaría de la Cultura, Ministerio de Medio Ambiente, Obras Públicas, Ministerio de Educación. Acceder a las peticiones y apoyar el planteamiento de las comunidades sería un modelo muy digno de reparación y justicia restaurativa para las víctimas, las futuras generaciones y todo el pueblo salvadoreño.